La industria pesquera argentina atraviesa una crisis profunda producto de la falta de acuerdo entre las cámaras empresarias y los gremios marítimos que paralizaron el inicio de la temporada de langostino en aguas nacionales, provocando una pérdida superior a los 200 millones de dólares para el sector. Así lo advirtió Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina de Industrias Pesqueras (CAPIP), quien además advirtió que la falta de diálogo y la intransigencia sindical son los principales obstáculos para resolver el conflicto.
“Hoy estamos hablando de más de 113 barcos amarrados a lo largo del litoral marítimo. Las empresas no pueden seguir saliendo a pescar perdiendo dinero”, alertó De la Fuente, quien también remarcó que la rentabilidad del negocio está completamente comprometida debido a un convenio colectivo de trabajo que, según aseguró, “tiene más de 20 años y ha quedado totalmente desactualizado”.
La CAPIP presentó la semana pasada una denuncia parcial del convenio ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desregulación del Estado y la cartera de Capital Humano. Según explicaron, el objetivo es adecuar ese convenio a los valores actuales del mercado y del contexto operativo. De la Fuente indicó que el precio internacional del langostino se redujo drásticamente -de más de 12 dólares por kilo hace algunos años a 5,50 dólares en la actualidad-, mientras que el costo operativo para pescarlo ronda los 6,50 dólares por kilo. “Estamos trabajando a pérdida”, resumió.
Desde CAPIP señalan que la negativa del gremio SOMU a debatir una actualización del convenio impide cualquier tipo de solución. “En dos audiencias, el sindicato se negó a sentarse a discutir números e incluso rechazó la convocatoria a una mesa técnica”, explicó el dirigente empresario, y agregó: “Si la otra parte no está dispuesta a dialogar, esto va a ser imposible”.
La tensión en el sector va en aumento. A la parálisis productiva se sumaron recientemente protestas gremiales en el puerto de Puerto Madryn y cortes de ruta, en un contexto de creciente malestar social. “Hay mucha gente que lleva meses sin trabajar. Todos están perdiendo: trabajadores, empresas, proveedores, el Estado nacional y las provincias”, lamentó De la Fuente.
El impacto de la inactividad va más allá del sector pesquero. Se resienten los salarios, la recaudación tributaria y el ingreso de divisas al país. A pesar de la situación crítica, las empresas siguen afrontando el pago de salarios básicos y otros compromisos económicos, con barcos inmovilizados que representan un capital improductivo millonario.
Sobre los salarios que se pagan actualmente en el sector, De la Fuente reconoció que son altos, “en algunos casos superiores a los 14 millones de pesos mensuales”, pero advirtió que la discusión no debe centrarse solo en los ingresos: “No se trata de bajar sueldos, sino de hacer viable una actividad que hoy está en crisis”. Según estimaciones empresarias, incluso con una adecuación del 15%, los salarios seguirían estando por encima de los 11 millones de pesos mensuales, “cifras que no se ven en otras actividades que hoy están en recesión, como la construcción o el petróleo”.
Respecto de los pasos a seguir, el dirigente indicó que ahora la resolución del conflicto está en manos de la cartera laboral nacional. La denuncia del convenio colectivo fue formalizada el viernes pasado y, según explicó, la Secretaría de Trabajo deberá resolver si convoca a las partes para abrir una negociación formal.
“Los días de pesca que se pierden no se recuperan. Y lo que se pierde en salarios, tributos y divisas es muchísimo. Esta situación ya no admite más demoras”, concluyó De la Fuente.