En marzo de 1976 la comunidad guaraní de San José de Yacuy, en el corazón del Chaco salteño, transitaba un interesante proceso de organización interna, sustentado en un sistema de gobierno participativo, con toma de decisiones en forma democrática, e integrando los factores de poder tradicionales tales como el Consejero (el anciano) y los Ypayé (los chamanes benefactores).
La economía comunitaria estaba en vías de expansión con la ampliación de los cercos de cultivo; el acceso a la educación para los niños era promovido por un creciente número de familias; el tiempo libre daba lugar a las fiestas tradicionales (el sagrado carnaval), los viajes de intercambio a simplemente, el ocio.
El pueblo de Yacuy tenía un proyecto.
Por aquellos días nos hablaban de cómo veían la posibilidad de insertarse en el país al que sentían propio. Nos hablaban también de su ancestral lucha por la propiedad de la tierra y de cómo estaban obteniendo logros en esa dirección.
Habían hecho mucho con gran sacrificio y trabajo; habían levantado un pueblo de más de mil almas que era ejemplo entre sus hermanos de la región.
Pero una tarde, sin que nadie los hubiera llamado, llegaron ellos, con la misión de “poner orden”, como en cada rincón de la Argentina.
Llegaron también hasta allí. Eran dos o tres oficiales. Uno de ellos se autotituló “interventor de los indígenas” y anunció que venía con mandato de inspeccionar y vigilar al pueblo.
La gente contempló a los intrusos de uniforme y sintiéndose indefensa volvió los ojos hacia su jefe. Él les devolvió el silencio en la mirada.
A los pocos días los oficiales volvieron esta vez más prepotentes y decididos a revisar la aldea. Pero el pueblo había cavilado y enfrentó al “interventor”:
-Ustedes tienen armas, nosotros no las tenemos dijo el jefe avanzando hacia el delegado militar-, pero nosotros tenemos algo peor que las armas: tenemos nuestro poder y yo le juro que si usted toca algo del pueblo, lo dejaremos ciego. Esto pasará, usted se va a volver ciego.
Los oficiales retrocedieron sobre sus pasos y nunca más regresaron a la comunidad.
El pueblo resistió. Se había defendido con el recurso milenario de la técnica chamánica. La sabiduría india se había puesto en acción para contrarrestar los embates de los dictadores.
A partir del golpe de Estado de 1976 las comunidades indígenas ingresaron en un nuevo cono de sombra. Más aisladas que nunca, rodeadas en sus exiguos territorios por el continuo despliegue militar, virtualmente maniatadas, se convirtieron en bolsones de supermarginación.
La ausencia de políticas o la interrupción de las que hasta entonces se estaban aplicando completaron el cuadro desolador.
En una de nuestras provincias se llegó a negar la existencia de los indígenas por decreto, lo que quizás da la pauta de los verdaderos alcances de los siniestros objetivos del poder militar de turno.
“Nuestros paisanos los indios”, Carlos Martínez Sarasola