La tensión territorial en la zona de lagunas El Martillo y Larga volvió a escalar. El martes pasado, la comunidad Lof Catriman Colihueque denunció públicamente que el ex procurador general de la provincia, Eduardo Samamé, ingresó al territorio comunitario acompañado por su esposa, Alicia Bordas, e intentó alambrar tierras que la comunidad reconoce como de ocupación ancestral.
En un comunicado urgente, la comunidad relató el episodio en los siguientes términos:
“Hoy, 9 de diciembre, el Sr. Eduardo Samamé (ex Procurador Fiscal de Chubut) se presentó en nuestro territorio comunitario para alambrar tierras fiscales ocupadas ancestralmente por nuestra Lof. Rechazamos el hostigamiento sistemático de la familia Samamé-Bordas contra la familia Catriman Colihueque y exigimos al Estado que frene estos atropellos. El territorio no se vende ni se alambrada. Se defiende.”
Un conflicto que se profundiza pese a los fallos judiciales
El 28 de octubre de 2024, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó una sentencia favorable al Lof Catriman Colihueque en un interdicto de retener, rechazando una apelación presentada por Alejandro Samamé (hijo del ex procurador) y por Nahuel Serra.
Esa decisión reconoció judicialmente la posesión tradicional que la comunidad ejerce desde hace más de dos décadas en el territorio en disputa. Aunque no resolvió la titularidad definitiva, representó un revés significativo para los particulares que buscan consolidar derechos sobre esas tierras fiscales.
Sin embargo, para la comunidad, el fallo no modificó la situación en el terreno. Por el contrario, denuncian que los intentos de avance privado se intensificaron, con nuevos episodios de bloqueo de caminos, movimientos de suelo, extracción de madera y cambios de tranqueras.
Hostigamiento, criminalización y presión territorial: denuncias sostenidas
La comunidad viene denunciando un patrón reiterado de hostigamiento por parte de integrantes de la familia Samamé y de otros privados vinculados:
- Bloqueo de caminos y obstáculos físicos para impedir el ingreso.
- Corte de bosque nativo y alambrados nuevos dentro del territorio en disputa.
- Movimientos de suelo sin autorización.
- Denuncias penales contra miembros de la comunidad, interpretadas como intentos de criminalización.
Organizaciones de derechos indígenas han descrito este escenario como una combinación de hostigamiento territorial sistemático y utilización del aparato administrativo y judicial para presionar a la comunidad a abandonar la zona.
“El territorio no se vende ni se alambrada”: la reafirmación comunitaria
El comunicado del Lof culminó con un mensaje que sintetiza la postura histórica de la comunidad frente a los intentos de despojo: “El territorio no se vende ni se alambrada. Se defiende.”
La comunidad exigió al Estado provincial que intervenga para frenar lo que califican como atropellos y garantizar el respeto pleno de la propiedad comunitaria indígena, respaldada por normas nacionales e internacionales.
Un conflicto que trasciende el litigio privado
La presencia directa de un ex procurador general en un episodio de presunta usurpación otorga al caso una dimensión institucional inédita. Cabe recordar que Eduardo Samamé fue procurador general de Chubut hasta 2008, cuando la Legislatura provincial lo sometió a un juicio político y lo destituyó por mal desempeño, acusándolo de ejercer la conducción del Ministerio Público de manera arbitraria, no definir una política criminal clara, negar licencias a fiscales y no supervisar adecuadamente su labor. La sanción incluyó además una inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos.
En 2012, el Superior Tribunal de Justicia declaró nulo el juicio político por errores formales en el proceso, pero su regreso fue rechazado tanto por la provincia como por la Corte Suprema, que en 2018 además descartó su pedido de cobro de haberes. Así quedó cerrada su etapa institucional, marcada por controversias y cuestionamientos.