En una decisión que cierra, al menos institucionalmente, uno de los capítulos más polémicos vinculados al juicio por la emergencia climática en Comodoro Rivadavia, el Consejo de la Magistratura de Chubut resolvió rechazar el pedido de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Marcelo Cretton y Adrián Cabral, quienes habían desistido de acusar a los imputados en esa causa. La resolución fue respaldada por la mayoría de los integrantes del cuerpo, quienes consideraron que no se configuró un caso de mal desempeño.
Manuel Burgueño, uno de los consejeros que votó en contra del juicio político, explicó públicamente los fundamentos de su posición:
“Nosotros no íbamos a destituirlos ayer, pero sí íbamos a colocarlos en un trago amargo de continuar un año y medio más bajo proceso, hasta que se aclarara su situación. Consideramos que no era justo”, dijo.
Burgueño apuntó que, si bien hubo un informe que recomendaba avanzar con el jury —elaborado por la consejera Joana Taurelli—, el mismo se sostenía en un razonamiento que calificó de equivocado:
“Se parte de la lógica de que, como un fiscal no acusó y otro sí, y se logró una condena, entonces el primero actuó mal. Es como decir que si Racing le gana a Boca y Boca le gana al Inter Miami, entonces Racing le ganó a los dos. No tiene sentido jurídico.”
También remarcó que la evaluación del desempeño de los fiscales no puede hacerse exclusivamente en función de los resultados judiciales, especialmente cuando las decisiones procesales, como en este caso, están sustentadas en criterios técnicos y probatorios:
“No todos los acusados fueron condenados. Hubo absoluciones y sobreseimientos. Además, decisiones similares se han tomado en otras causas complejas, como Revelación y El Embrujo, donde hubo juicios abreviados y suspensiones de juicio a prueba.”
Respecto del contexto en que se dio la reapertura del caso y la posterior acusación, Burgueño fue crítico con las presiones externas:
“Después del escándalo público, todo cambió. Ya había una condena social, queja del poder político, y eso obviamente condiciona cualquier decisión. No se puede comparar lo que hizo un fiscal en una etapa con lo que decidió otro, tiempo después, en un clima totalmente distinto.”
Consultado sobre las sospechas de motivaciones políticas detrás del pedido de jury, Burgueño reconoció que la denuncia partió del fiscal Héctor Iturrioz -quien había investigado previamente la causa- y que el único voto favorable al enjuiciamiento fue el de la consejera Paula Cardoso, funcionaria del gobierno provincial:
“Me parece que su pertenencia al gobierno influyó en su voto. Pero eso no afectó la decisión del Consejo, donde puedo dar fe de que no hubo injerencia política.”
En defensa del accionar de los fiscales, Burgueño destacó la trayectoria de Marcelo Cretton:
“Tiene más de 25 años en la justicia, fue jefe en varias jurisdicciones, y nunca tuvo un cuestionamiento. Imagínese si vamos a echar a alguien con ese historial por un criterio técnico que puede ser discutible, pero no ilegítimo.”
Finalmente, recalcó que el criterio de los fiscales se basó en una valoración concreta de las pruebas disponibles al momento:
“Faltaban pericias clave, como la caligráfica, contable e informática. Cretton entendió que con lo que tenía no podía sostener una acusación firme. Y lo explicó con claridad. No se puede sancionar a alguien por actuar con responsabilidad.”
Nota elaborada en base a declaraciones a ABC Radio.