Dos líneas conspirativas en el ámbito castrense estaban ya en camino hacia 1951 y a pesar de la malograda candidatura de Evita, que hubiera podido ser considerada como un retroceso de su influencia política. Una estaba liderada por el general Eduardo Lonardi, que revistaba en Rosario y la otra por el general (R) de caballería Benjamín Menéndez.
Ambos habían obtenido promesas de apoyo de políticos cuyos partidos no podían tener esperanza de ganar las elecciones en comicios democráticos. Lonardi había recibido la visita de radicales como Miguel Ángel Zavala Ortiz y del socialista Américo Ghioldi. Por su parte, Menéndez mantuvo reuniones con el demócrata progresista Horacio Thedy, el demócrata nacional Reynaldo Pastor y dirigentes radicales como Arturo Frondizi.
Lonardi y Menéndez mantuvieron dos encuentros secretos sin llegar a ningún acuerdo. Finalmente Lonardi, al haber sido advertido por sus movimientos sospechosos por el ministro de Guerra, Franklin Lucero, y no tener la certeza de contar con efectivos suficientes y observar que el impaciente Menéndez, sin mayor análisis, se disponía a encabezar el golpe, desistió de toda acción, concediendo libertad a quienes lo apoyaban para que se plegaran al general belicoso.
El movimiento se pronunció el 28 de setiembre en la Escuela de Caballería de Campo de Mayo. Fue un fiasco. El pronunciamiento de Menéndez ni siquiera dominó su propio acantonamiento. La mayoría de los oficiales -entre ellos Juan C. Onganía- no se plegaron. De ciento ochenta tanques, sólo tres salieron hacia el Colegio Militar, que tampoco se plegó. A las pocas horas, el comandante en jefe del ejército, general Ángel Solari, terminaba sin mayor esfuerzo con la “chirinada” de Menéndez.
No obstante fracasar, el simple intento del golpe era una advertencia. El malestar militar existía y se iría acrecentando y los políticos convencidos de su impotencia electoral- se seguirían acercando a los cuarteles.
Perón y el ministro de Guerra Lucero hicieron una depuración; doscientos oficiales pasaron a retiro, pero fueron indulgentes con los detenidos, habida cuenta de que los tribunales militares podían llegar a aplicar la pena de muerte. Menéndez fue condenado a quince años de prisión, pero no fue degradado. Otros oficiales, como Rodolfo Larcher, Armando Repetto y Julio Alsogaray, a seis años de reclusión; a cuatro años el capitán Alejandro Agustín Lanusse, Gustavo Martínez Zuviría, Víctor Salas y Costa Paz; fueron sancionados a tres años Manuel Raimúndez y Rómulo Menéndez; y a un año Luis Prémoli, Ricardo Echeverry Boneo y Manuel Rojas Silveyra.
El gobierno peronista decretó el estado de guerra interno, que mantuvo hasta el final de su segundo mandato. El clima político desmejoró con la presión sobre los grupos opositores.
Fragmento del libro “Historia Argentina”, de José María Rosa