Se trata de Alejandro Maraniello, magistrado del fuero civil y comercial. Este lunes falló a favor del Gobierno luego de que presentara una denuncia por una “operación de inteligencia ilegal”.
El magistrado Alejandro Patricio Maraniello, quien este lunes prohibió la difusión de los presuntos audios de Karina Milei en Casa Rosada, atraviesa una frente judicial propio: acumula 9 denuncias en su contra, cinco de ellas por presunto acoso sexual contra empleadas de su juzgado.
La notificación formal de los cargos se realizó la semana pasada, y ahora el juez federal en lo civil y comercial tiene un plazo de veinte días para presentar su descargo por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, que será la encargada de evaluar su situación.
La magnitud de cada acusación obligó la presencia policial en el tribunal donde se desempeña Marianello para resguardar la seguridad física y psíquica de los trabajadores. Esto fue un reclamo exclusivo de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (Aefpjn) desde septiembre de 2024.
Denuncias diversas contra el juez Maraniello
Los expedientes abiertos en su contra incluyen denuncias de abuso de poder y uso indebido de recursos públicos.
Una de las víctimas relató que, a menos de una semana de entrar al juzgado, fue convocada fuera de horario por temor a perder su empleo. Según declaró, en esa reunión el magistrado intentó tocamientos y besos no consentidos, además de mantener relaciones sexuales solo para poner fin a la situación.
Otra empleada denunció haber recibido mensajes por redes sociales y observaciones reiteradas sobre su vestimenta. También mencionó maltrato laboral después de rechazar pedidos personales del juez.
El proceso disciplinario avanza con pruebas y testimonios. La Comisión de Disciplina deberá resolver si corresponde aplicar sanciones administrativas o girar los casos a la Comisión de Acusación, que podría promover un pedido de remoción.
Las denuncias alcanzan un abanico amplio: acoso laboral y sexual, maltrato hacia empleados y violaciones a reglamentos internos del Poder Judicial. Varios de esos expedientes llegaron desde la Cámara Contencioso Administrativa y la Oficina de Bienestar Judicial, aunque permanecen bajo reserva.
Fuente: Los Andes