La justicia de Chubut avanza en la investigación sobre presuntas maniobras irregulares en la administración de Servicios Públicos, que involucran al exjefe del Departamento de la División Regional de Servicios Públicos, Mauro Palma, y al exsubsecretario del área, Marcelo Mammoliti. Ambos fueron detenidos acusados de “contrataciones lucrativas vinculadas a una serie de actividades inherentes a un servicio público cómo es es la energía eléctrica” y de utilizar bienes del Estado para obtener beneficios personales a través de empresas privadas.
El fiscal Carlos Díaz Mayer confirmó que la denuncia presentada por el actual titular de Infraestructura, Hernán Tórtola, y el fiscal de Estado, Andrés Giacomone, sostiene que Palma habría utilizado su cargo para favorecer contrataciones con empresas propias. Además, el gobernador de la provincia fue más allá al declarar públicamente que Palma extorsionaba a intendentes, amenazando con cortar el suministro eléctrico si no contrataban sus servicios.
Si bien inicialmente solo se había informado la detención de Palma, en las últimas horas también se produjo la aprehensión de Marcelo Mammoliti, quien hasta el año pasado fue subsecretario de Servicios Públicos.
Avance de la causa y situación de los detenidos
El fiscal indicó a LU20 que “Palma cumple prisión preventiva en una comisaría, mientras que Mammoliti fue beneficiado con arresto domiciliario, en su casa de Playa Magagna”. La fiscalía solicitó la prisión preventiva para ambos, argumentando que en libertad podrían entorpecer la investigación, debido a la existencia de varias empresas que, presuntamente, fueron utilizadas por ellos para contratarse a sí mismos desde el Estado.
Díaz Mayer explicó que en este momento se están recopilando documentos y testimonios para respaldar la imputación y evaluar una posible prórroga de la prisión preventiva. “Tenemos 15 días para profundizar la investigación y determinar el alcance de las maniobras, mediante la recopilación de contratos y documentación clave”, indicó el funcionario judicial.
Por otra parte, se llevó a cabo una audiencia de revisión de la prisión preventiva de Palma, quien busca obtener el mismo beneficio que Mammoliti y cumplir su detención en su domicilio.
La imputación contra los acusados se basa en el artículo 265 del Código Penal, que sanciona la “incompatibilidad con la función pública”. Si bien la acusación podría diferir en jerarquía entre ambos imputados, el fiscal señaló que Mammoliti ocupó durante algunos años el mismo puesto que Palma, lo que refuerza la hipótesis de que ambos pudieron haber incurrido en conductas irregulares.
En cuanto a la situación laboral de Palma, Díaz Mayer explicó que, aunque en el momento del allanamiento el acusado alegaba tener licencia sindical, el gobierno provincial informó que había presentado su renuncia días antes, por lo que ya no figuraba en la nómina de empleados públicos y, en consecuencia, no podía ampararse en dicho beneficio.