La Justicia de Chubut investiga presuntas maniobras irregulares en la administración de Servicios Públicos, que involucran al exjefe del Departamento de la División Regional de Servicios Públicos, Mauro Palma, y al exsubsecretario del área, Marcelo Mammoliti. Ambos están acusados de haber direccionado contrataciones vinculadas a servicios inherentes a la energía eléctrica y de utilizar bienes del Estado para obtener beneficios personales a través de empresas privadas.
El fiscal Carlos Díaz Mayer detalló que la denuncia fue presentada por el secretario de Infraestructura, Alejandro Tórtola, quien señaló que Palma direccionaba servicios y obras a sus propios empleados mediante empresas privadas para otorgar factibilidad a loteos. “Palma indicaba que determinadas empresas debían adjudicarse obras o servicios, y los responsables de esas empresas eran empleados de Servicios Públicos bajo su dependencia”, explicó Díaz Mayer.
Detenciones y liberación de los imputados
Tras la denuncia, Palma y Mammoliti fueron imputados y detenidos. En un primer momento, la Justicia les impuso 15 días de prisión preventiva. Sin embargo, en una revisión posterior, dos jueces penales resolvieron modificar la medida a prisión domiciliaria. Finalmente, la semana pasada, una jueza penal de la jurisdicción dispuso la libertad de ambos, bajo ciertas restricciones, al considerar que el tiempo transcurrido era suficiente y que no existían elementos para sostener la medida de coerción.
El fiscal expresó su disconformidad con la decisión: “Pedimos la revisión de la libertad, pero dos jueces la confirmaron. Nos quedamos sin recursos y sin posibilidad de seguir discutiendo la prisión preventiva”. Díaz Mayer enfatizó la complejidad de la causa y la necesidad de tiempo para recabar todas las pruebas, dado que se trata de una investigación dentro de la administración pública con abundante documentación.
Según informó el fiscal, gran parte de la prueba documental está bajo resguardo. “La primera documentación que secuestramos está incautada y reservada”, aseguró. Además, el sábado pasado se realizaron ocho allanamientos en viviendas particulares y domicilios de empresas vinculadas a las maniobras investigadas. “Allí secuestramos más documentación, computadoras, discos rígidos y teléfonos, lo que nos permitirá profundizar la investigación”, indicó Díaz Mayer.
La fiscalía cuenta con un plazo de seis meses para formalizar la acusación. Mientras tanto, la causa sigue su curso con el análisis de la información recolectada y la búsqueda de nuevos elementos que permitan esclarecer la responsabilidad de los imputados en las presuntas maniobras irregulares dentro de Servicios Públicos.