El fiscal general de Trelew, Omar Rodríguez, confirmó que la investigación abierta a partir del video viral en el que se observa al abogado Martín Castro recibiendo 12 millones de pesos podría configurar un delito de cohecho, una de las figuras más graves dentro de los delitos contra la administración pública.
La causa se inició luego de que circulara en redes sociales una filmación donde se ve a una mujer entregando dinero al abogado. Según lo que surge de las propias imágenes y del audio, el pago estaría vinculado a la posibilidad de obtener una acusación más leve por parte de la fiscal Julieta Gamarra en una causa penal.
Rodríguez explicó que la investigación recién comienza y que la primera tarea del Ministerio Público es determinar la existencia del hecho y si constituye un delito, para luego avanzar en la identificación de posibles responsables.
Un presunto pacto ilegal
El fiscal señaló que, a primera vista, lo que surge de las imágenes podría encuadrarse en la figura de cohecho, es decir, el pago de dinero para que un funcionario público realice, retarde o deje de realizar un acto vinculado a su función.
“Así como se ve, se observa un presunto cohecho. Hay una tercera persona, que sería un abogado, que solicita dinero para que un funcionario haga o deje de hacer algo relativo a la función”, explicó Rodríguez.
Según detalló, el video mostraría la entrega de dinero a un intermediario, quien lo recibiría para trasladarlo a un funcionario que tendría capacidad de influir en el resultado del proceso judicial.
“El video muestra que alguien recibe dinero y se deja entrever que no sería para quien lo recibe, sino para quien tiene que realizar una acción vinculada a su función, en este caso una fiscal que formularía una acusación conveniente a los intereses del imputado”, sostuvo.
Un hecho que golpea a la Justicia
Más allá de la investigación penal, Rodríguez advirtió que el caso tiene un fuerte impacto institucional, ya que profundiza la desconfianza social hacia el sistema judicial.
“El hecho es grave, muy grave. Pero además genera un daño enorme porque invoca a funcionarios judiciales en una situación de corrupción”, señaló.
Incluso advirtió que, aun si la acusación resultara falsa, el solo hecho de haber utilizado el nombre de una fiscal para justificar un pago irregular también tendría consecuencias.
“Si hubiera sido una venta de humo por parte del abogado, también sería gravísimo”, afirmó.
El fiscal reconoció además que este tipo de episodios agravan la mala imagen que arrastra el Poder Judicial. “Tenemos una malísima imagen, que es responsabilidad exclusiva nuestra. Y hechos como este hunden más esa imagen en el pozo”, sostuvo.
Las próximas medidas
Rodríguez explicó que el objetivo inmediato de la investigación será verificar la autenticidad del hecho y reconstruir la secuencia de lo ocurrido, para luego determinar si hubo delito y quiénes participaron.
“Primero hay que comprobar la existencia del hecho y si encuadra en una figura penal. Si es delito, habrá que individualizar a los autores”, indicó.
El caso continúa en etapa inicial, mientras se analizan las imágenes difundidas y las presentaciones realizadas por los distintos involucrados en un episodio que, por su gravedad, volvió a colocar al sistema judicial de Chubut en el centro de la polémica pública.
Nota elaborada en base a declaraciones a LU20