domingo, 30 de junio de 2024

Los jueces Carlos Richeri, Marcela Pérez Bogado y Raquel Tasello definirán en los próximos días si 6 de los imputados en la causa conocida como “Noquis Calientes” van a juicio oral o si, por el contrario, podrán acceder a la “suspensión de juicio a prueba” solicitado por la defensa y rechazado por el titular de la Unidad Fiscal Especializada en delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez.

Rodríguez sostiene que se trata de “delitos de corrupción” por lo que los imputados no deberían tener acceso al beneficio solicitado por la defensa. “En este caso, el eje de la acusación gira en dos puntos centrales. Uno es que Cecilia Torres Otarola era diputada y era pedía parte del sueldo de los asesores y cuando asume como ministra de Familia, en el año 2019, forma un equipo en donde nombra a un montón de gente que está relacionada con la familia subsecretaria Rodera: al marido, al hermano, a la hermana, al sobrino, al hijo, incluso una persona que era un jardinero que trabajaba para eso en Buenos Aires y a la niñera de sus hijos”, detalló.

“Eso es nepotismo, acá no es delito el nepotismo. Es decir, yo puedo nombrar a un hermano, a un familiar, a un amigo, etc., y no me van a partir con eso. El punto es que, además de nombrar a esas personas que tenían relación de identidad, muchos de ellos no trabajaron, es decir, algunos ni siquiera vinieron, no conocen Chubut… Uno de ellos, cuando fue asesor en Legislatura le firmaron un contrato, ni vino ni a firmar el contrato, el muchacho estaba estudiando medicina en Buenos Aires”, resaltó Rodríguez.

Los imputados que solicitaron la  suspensión de juicio a prueba son: Branco Rodera Neira, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Miguel Reto Reyes, Jackelina Rodera y Adriana Cañumil. Si los jueces acceden al pedido de la defensa, los 6 imputados pagarán 300 pesos cada uno en 3 cuotas iguales consecutivas.

“Ahora lo resuelve el tribunal, ellos nos van a comunicar la decisión, vía escrita a través del sistema, y si la resolución es favorable a la decisión fiscal, es decir no le hacen lugar a la suspensión de juicio de prueba solicitado por la defensa, ellos van a impugnar, y dentro de un mes, me van a estar llamando de nuevo, a ver qué pasó con la causa, y la cámara que va a revisar por lo que todavía falta un poco para que se resuelta si vamos a juicio oral o no”, explicó el fiscal.

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