La intervención militar de Estados Unidos contra el cruel régimen autoritario de Maduro vulnera el derecho internacional; es necesaria una desescalada inmediata para una solución democrática y pacífica.
La captura del presidente Nicolás Maduro tras una operación militar de Estados Unidos en Venezuela que vulnera las leyes internacionales abre un escenario peligroso. El riesgo de este momento es doble. Por un lado, que se pretenda presentar una operación militar como sinónimo de liberación democrática. Por otro, que el chavismo utilice la intervención extranjera y la captura de su líder como coartada para cerrar filas, militarizar aún más el país y justificar una represión sin límites bajo el discurso de la defensa nacional. Ninguna de las dos narrativas resiste un análisis serio. La violencia, venga de donde venga, no construye instituciones ni restituye derechos.
La decisión de Donald Trump culmina un año de política exterior impulsiva, personalista, que ignora las normas multilaterales. Trump no actúa aquí como garante de la democracia, sino que sitúa la fuerza por encima del derecho. Otras potencias tomarán nota de las nuevas reglas cuando miran a Taiwán o a Ucrania. Señalarlo no es una defensa del régimen venezolano, sino una advertencia: la democracia no se exporta a golpe de misil ni se impone desde el aire. Mucho menos cuando quien la invoca ha mostrado reiteradamente su desprecio por las instituciones.
Esa deriva quedó aún más clara cuando el propio Trump afirmó que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela hasta que haya una “transición segura”, asumiendo de facto el control del país y sin mencionar en ningún momento a la oposición democrática venezolana. La afirmación es inaceptable. No existe transición legítima bajo tutela extranjera ni democracia posible si el futuro de un país se administra desde fuera como un protectorado.
A esa pretensión política se suma otra no menos alarmante: el anuncio de que compañías estadounidenses se harán cargo de la industria petrolera venezolana para “hacer dinero”, lo que refuerza la percepción de que la intervención no busca restituir derechos, sino administrar poder y riqueza. Aunque se invoque la reconstrucción de una infraestructura devastada, se trata de una apropiación externa por la fuerza de los recursos naturales que confunde ayuda, inversión y dominación económica.
Son horas de confusión en cuanto al liderazgo real del régimen venezolano. Pero una hipotética transición solo será legítima si es pacífica, ordenada y pactada. En ese sentido, la decisión de la líder opositora María Corina Machado de no llamar a la salida a la calle en medio de la escalada militar, sino a la espera y a la contención, apunta en la dirección correcta. No es un gesto de debilidad, sino de responsabilidad política de quien en 2024 ganó las elecciones con Edmundo González como candidato. No hay atajos duraderos. América Latina conoce bien las consecuencias de las soluciones impuestas por la fuerza. Condenar la operación militar no legitima a Maduro, un presidente ilegítimo tras años de fraude electoral, represión, anulación de la separación de poderes y persecución de la disidencia.
La prioridad inmediata debe ser una desescalada urgente y descartar cualquier operación militar adicional como ha amenazado Trump. La comunidad internacional, empezando por Europa y los países de la región, debe ser coherente: condenar cualquier violación del derecho internacional y, al mismo tiempo, reconocer con claridad dónde reside hoy la legitimidad democrática en Venezuela. Ese problema no es coyuntural ni táctico: se llama autoritarismo, corrupción y narcotráfico. El respeto a las normas internacionales y la exigencia de que se respete el mandato expresado en las urnas por los venezolanos hace un año no son objetivos incompatibles. Son, de hecho, inseparables.
Para el chavismo, este momento marca un punto de inflexión histórico. Lo más responsable que pueden hacer quienes aún sostienen el régimen es deponer la violencia y aceptar que el ciclo está agotado. La ciudadanía ya habló en las urnas. Dejar que triunfe la democracia no significa entregarse a un líder extranjero ni someterse a una agenda ajena, sino reconocer que ningún proyecto político puede sostenerse indefinidamente contra su propio pueblo.
En medio de la confusión y la propaganda cruzada, hay una certeza que no debería perderse: no habrá democracia sin reglas, ni reglas sin contención de la fuerza. La desescalada inmediata es el primer paso indispensable. El siguiente es abrir un proceso de transición que respete el resultado electoral de julio de 2024, cierre de verdad la etapa del chavismo autoritario y devuelva a los venezolanos algo que les ha sido negado durante demasiado tiempo: la posibilidad de decidir, sin miedo y sin tutelas, el destino de su país.
Fte “EL PAIS”