El diputado nacional por Chubut, José Glinski, presentó un proyecto de ley destinado a establecer un régimen nacional para la prevención, identificación, remediación y financiamiento de los pasivos ambientales derivados de la actividad hidrocarburífera. La iniciativa surge en un contexto marcado por el retiro de grandes operadoras de áreas maduras, particularmente en la Cuenca del Golfo San Jorge, y busca evitar que los costos ambientales de décadas de explotación terminen siendo afrontados por el Estado o las comunidades locales.
“Así como durante décadas la riqueza petrolera salió de la Cuenca, no podemos aceptar que los pasivos ambientales queden en la Cuenca”, sostuvo Glinski al fundamentar la propuesta. Según explicó, el objetivo es garantizar que las empresas se hagan cargo de la recomposición ambiental de los yacimientos una vez finalizada la etapa productiva.
El proyecto establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los denominados “pasivos ambientales hidrocarburíferos”, definidos como las afectaciones ambientales que permanecen luego del cese de actividades, el abandono de pozos o la transferencia de concesiones. Entre otros puntos, plantea la creación de un Registro Nacional de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos de acceso público, la constitución de garantías financieras obligatorias para cubrir tareas de cierre y remediación, y la creación de un Fondo Federal de Recomposición de Pasivos Ambientales.
La salida de YPF y el problema de los pasivos
En los fundamentos de la iniciativa, Glinski menciona expresamente el proceso de retiro de YPF y otras operadoras de áreas convencionales maduras como uno de los factores que aceleró la necesidad de una legislación específica.
El diputado advierte que las empresas obtienen rentabilidad durante décadas y que, cuando los yacimientos dejan de ser productivos, suelen transferir activos a operadores de menor capacidad económica o directamente abandonar responsabilidades ambientales.
“La explotación de hidrocarburos ha constituido históricamente una actividad estratégica para el desarrollo económico y energético de la Argentina. Sin embargo, el progresivo envejecimiento de áreas convencionales y el incremento de pozos maduros, inactivos o abandonados plantean nuevos desafíos ambientales, sociales, fiscales y regulatorios”, señala el texto.
Glinski también cuestionó la falta de información pública y sistemática sobre el estado de los pasivos ambientales existentes en el país. “Hoy el gran problema argentino es la opacidad que permite manejarse con impunidad a las petroleras”, afirmó, remarcando que incluso algunos municipios de Chubut y Mendoza debieron realizar relevamientos propios ante la ausencia de registros oficiales actualizados.
Una transición energética con empleo
Uno de los ejes centrales de la propuesta es vincular las tareas de cierre y remediación de pozos con la generación de empleo para los trabajadores petroleros.
El legislador sostiene que Argentina atraviesa actualmente una doble transición: por un lado, el desplazamiento de inversiones desde los yacimientos convencionales hacia desarrollos no convencionales como Vaca Muerta; y por otro, la transición global desde los combustibles fósiles hacia energías renovables.
A su entender, sin una regulación adecuada ambos procesos pueden derivar en un aumento de los pasivos ambientales y en una fuerte pérdida de empleo en las cuencas tradicionales.
“Sin marco legal, las dos transiciones se hacen tirando los pasivos por la ventana”, advirtió.
En ese sentido, destacó que el cierre de un pozo no implica el final de la actividad económica, sino una nueva etapa que requiere trabajos especializados de ingeniería, monitoreo, sellado, restauración ambiental y control posterior.
“El cierre de un pozo no es el final del trabajo: es trabajo en sí mismo. Convertir el cierre en empleo es la única forma de que la transición energética no se transforme en desempleo masivo, despoblamiento y conflicto social en las cuencas petroleras argentinas”, expresó.
Responsabilidad empresaria y control estatal
La iniciativa también incorpora el principio de responsabilidad objetiva, solidaria e integral para las empresas operadoras, cedentes y grupos económicos involucrados en la explotación hidrocarburífera. Asimismo, prevé auditorías ambientales obligatorias antes de cualquier transferencia de áreas y mecanismos de monitoreo posteriores al cierre de los pozos.
Entre los antecedentes citados figura un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia vinculado a la contaminación provocada por la actividad hidrocarburífera en Jujuy, donde se responsabilizó tanto a empresas como a organismos estatales por incumplimientos en sus deberes de control y fiscalización.
Para Glinski, la discusión trasciende el aspecto ambiental y se vincula directamente con el futuro de las regiones petroleras. “Defender el trabajo, cuidar el ambiente y proteger los recursos públicos van de la mano”, concluyó el diputado nacional.