Los incendios forestales que se repiten año tras año en la Patagonia, y hoy golpean con fuerza a Chubut, no son solo una catástrofe ambiental y social: son también la expresión más visible de una estructura de impunidad frente a los crímenes ambientales en la Argentina. Cientos de evacuados, viviendas destruidas, bosques nativos arrasados y ecosistemas dañados de forma irreversible contrastan con la ausencia de responsables identificados y sancionados.
En materia penal, los incendios intencionales constituyen delitos graves. El Código Penal argentino tipifica el delito de incendio y otros estragos (artículos 186 a 189), agravado cuando pone en peligro la vida, los bienes de terceros o afecta bosques, áreas protegidas e infraestructura pública. A ello se suman posibles delitos ambientales, como el daño agravado a bienes de uso público, la afectación de la biodiversidad, la contaminación del aire y del suelo, y la violación de normativas de protección del bosque nativo (Ley 26.331). En determinados contextos, estos hechos pueden vincularse además con asociaciones ilícitas, especulación inmobiliaria o apropiación ilegal de tierras.
Sin embargo, la norma rara vez se traduce en justicia efectiva. La investigación judicial de los incendios suele quedar atrapada en una combinación de falta de recursos técnicos, escasa voluntad política, fragmentación de competencias y una mirada que reduce el problema a “desastres naturales”, aun cuando existen indicios reiterados de intencionalidad. La ausencia de querellantes, la lentitud de las causas y la dificultad para seguir la ruta del dinero refuerzan este escenario.
La impunidad también se vincula con el manejo opaco de los fondos públicos destinados a la prevención y combate del fuego. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Sistema Federal de Manejo del Fuego reciben partidas millonarias, pero los incendios avanzan sin aviones suficientes, brigadistas mal pagos y comunidades expuestas. La falta de control sobre el destino de esos recursos debilita la capacidad de respuesta del Estado y abre interrogantes que rara vez llegan a los tribunales.
En Chubut, como en otras provincias, el desafío es romper el círculo vicioso: incendios, emergencia, reconstrucción precaria y olvido judicial. Investigar quién prende fuego, quién se beneficia, quién omite controles y quién no investiga es una condición básica para proteger el ambiente, que la Constitución reconoce como un derecho colectivo. Sin justicia ambiental, los incendios dejan de ser una tragedia inevitable para convertirse en un negocio impune.
Dr. Gustavo Gomez – Ex Fiscal Federal