La Cámara Penal de Trelew confirmó la nulidad de los allanamientos en una causa por presunto cohecho y lanzó duros cuestionamientos contra la fiscal Julieta Gamarra, a quien le reprochó no haber podido sostener jurídicamente la investigación ni responder los argumentos centrales de la defensa.
El fallo del Tribunal revisor ratificó la decisión de la jueza Mirta Moreno, quien había declarado inválidas las medidas de allanamiento, requisa y secuestro dispuestas en febrero de 2026, al considerar que no existía un delito configurado que justificara semejante nivel de injerencia estatal.
Uno de los ejes centrales de la resolución es la crítica a la construcción del caso por parte del Ministerio Público Fiscal. Los jueces sostuvieron que la hipótesis de cohecho fue “forzada” y carece de sustento en los elementos básicos del tipo penal.
En ese sentido, remarcaron que José Severiche —quien había denunciado el hecho— no es funcionario público, sino un celador con licencia gremial, lo que invalida de base la figura penal elegida. Además, señalaron que la conducta denunciada —supuestamente ofrecer dinero para “hacer quilombo y frenar las clases”— no constituye un acto propio de la función pública, requisito indispensable para que exista cohecho.
“Pesca exploratoria” y violación de garantías
La Cámara también fue categórica al cuestionar la forma en que se impulsó la investigación. Advirtió que las medidas dispuestas implicaban una intromisión grave en derechos constitucionales —como la privacidad y la inviolabilidad del domicilio— sin que existiera una hipótesis delictiva sólida.
Incluso, calificó el accionar fiscal como una suerte de “ir a la pesca”, al pretender obtener pruebas sin contar previamente con elementos suficientes que justificaran la sospecha.
En ese contexto, el Tribunal fue aún más contundente al advertir que: “Admitir este tipo de prácticas implicaría convalidar un ejercicio arbitrario de la persecución penal, incompatible con las garantías constitucionales que limitan la actuación del Estado en materia penal”.
Duras críticas a la fiscal Gamarra
Los cuestionamientos más severos apuntaron directamente a la fiscal Julieta Gamarra. El Tribunal sostuvo que:
- No logró demostrar la existencia de un delito.
- No pudo explicar la participación concreta de uno de los involucrados, Ricardo Traversini Loza.
- Evitó responder los argumentos de la defensa durante la audiencia.
- Basó toda su impugnación en una supuesta contradicción de la jueza, sin abordar el fondo del problema.
En un tramo especialmente crítico, los jueces señalaron que la fiscal “no rebatió uno solo de los argumentos centrales” de la resolución impugnada y que tampoco litigó sobre aspectos clave del derecho penal, como la tipicidad, el principio de lesividad o la correcta subsunción de los hechos.
Investigación sin base legal
El fallo también advierte sobre un punto de fondo: no existe un “derecho a investigar” sin límites. La Cámara sostuvo que la facultad investigativa del Ministerio Público está condicionada a la existencia de un hecho delictivo plausible.
“Primero se construye una hipótesis jurídicamente válida y luego se habilitan medidas de injerencia, no a la inversa”, remarcaron los jueces, en una definición que atraviesa toda la resolución.
Confirmación total de la nulidad
Finalmente, el Tribunal resolvió confirmar en todos sus términos la nulidad de las medidas dispuestas, dejando sin efecto tanto la resolución original como todos los actos derivados.
La decisión no solo representa un revés para la Fiscalía, sino que deja expuesta una investigación que, según la Cámara, avanzó sin sustento legal suficiente y con serias falencias en su planteo jurídico.
DEFENSA - POSTULA INVALIDEZ - EXCEPCION DE FALTA (1)