Las principales entidades empresarias del sector pesquero de Chubut —la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de Flota Amarilla (CAFACh), la Cámara del Golfo San Jorge y la empresa Conarpesa— enviaron una nota conjunta al gobernador Ignacio Torres expresando su “extrema preocupación” ante las versiones que indican que el Ejecutivo provincial evaluaría otorgar nuevos permisos de pesca a la empresa Red Chamber Argentina.
En el escrito, las entidades advierten que el Gobierno estaría analizando concretar las habilitaciones a través de vías institucionales excepcionales, como una ley especial tramitada en la Legislatura o un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Según los firmantes, “la utilización de estas vías, ajenas al procedimiento técnico-administrativo reglado, genera un grave precedente”, ya que implicaría eludir los mecanismos de control técnico y científico que garantizan la sustentabilidad del recurso.
SUSTENTABILIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA
El documento enfatiza que “la decisión de otorgar permisos que aumenten el esfuerzo pesquero debe basarse en informes técnicos y evidencia científica irrefutable”, y que la vía de excepción pondría en riesgo la salud de los stocks de langostino y merluza, pilares de la economía pesquera provincial.
Las cámaras también alertan sobre un “riesgo de inseguridad jurídica y falta de transparencia”, al señalar que emitir permisos fuera del marco regulatorio habitual “introduce discrecionalidad y afecta la igualdad de condiciones entre los actores del sector”.
IMPACTO EN EL EMPLEO Y LAS INVERSIONES
Los empresarios recordaron que las compañías nucleadas en las cámaras han invertido históricamente en plantas de procesamiento en tierra, generando miles de puestos de trabajo en Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.
Advirtieron que un aumento “descontrolado o poco transparente del esfuerzo pesquero” podría “afectar la estabilidad económica y laboral” de las firmas radicadas en la provincia.
PELIGRA LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
Uno de los puntos más sensibles del planteo es el riesgo de perder la certificación internacional MSC (Marine Stewardship Council), que avala la pesca sustentable y constituye un valor clave en los mercados internacionales.
Las cámaras remarcan que “ha llevado años de esfuerzo, investigación y desarrollo” obtener ese sello, y que la entrega de permisos sin respaldo técnico “pone en riesgo la reputación y las inversiones” del sector.
Finalmente, las entidades solicitaron al gobernador Torres que “se utilice exclusivamente el marco institucional técnico y administrativo apropiado” para cualquier decisión que afecte a la industria pesquera, que atraviesa -según remarcan- “la peor crisis de los últimos años”.
Exigen que cualquier nuevo permiso esté supeditado a informes biológicos rigurosos, procedimientos transparentes y nunca se tramite mediante un DNU, en defensa de la estabilidad y el futuro sustentable del sector.
DNU o Ley permisos a