El periódico católico y salesiano Flores del Campo cuestionaba las concesiones de tierras hechas por el Congreso a las comunidades indígenas porque las mismas -decía-, no sólo no incluían ninguna cláusula que especificara la integración de los indios a la religión católica para que de ese modo pudieran adquirir hábitos de trabajo, moralidad y buenas costumbres, sino que contrariamente dichas cesiones les proporcionaban bases de operaciones para sus correrías y depredaciones a las haciendas vecinas. Para los redactores de Flores del Campo era menester volver a lo que determinaba la Constitución Nacional para integrar a los indígenas a la vida civilizada, esto es convertirlos a la religión católica y establecer misiones especiales protegidas por las autoridades nacionales, porque así “a la aleja un peligro para los establecimientos cercanos a las concesiones de los indígenas, se cumpliría un precepto terminante de la constitución”.
Una vez más, aunque en la oportunidad desde la óptica religiosa, volvía a estar presente esa imagen que asimila indígena y delito. Sin embargo, vale aclararlo, ese no era el pensamiento de toda la Iglesia y ni siquiera el del conjunto de los salesianos. Para la misma época el sacerdote misionero Domingo Milanesio seguía insistiendo, ante distintos estamentos del Gobierno y quien quisiera escucharlo, con que el acceso a la tierra por parte de los indígenas era el único camino posible para salvarlos de la exclusión social y de un destino de miseria y abandono, y a la vez resolver el secular problema que significaba para el Estado y la sociedad toda el destino final de los indígenas sometidos.
En efecto, en una larga carta que le envió a las autoridades nacionales, el sacerdote se explayaba -apoyado en su propia experiencia de más de tres décadas como misionero entre las comunidades indígenas de los territorios de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut-, acerca de cuáles deberían ser las acciones a seguir por el Estado para integrar más rápidamente a los indígenas y a la vez mejorar su situación.
Según Milanesio, los indígenas necesitaban tres cosas: trabajo, tranquilidad e instrucción. Por lo tanto, resultaba indispensable que el Estado les diera tierras en donde vivir y la seguridad de que nadie los molestará expulsándolos de sus posesiones. Esto también aseguraría la posibilidad de una educación apta para “corregir sus vicios y hábitos inveterados en la inercia y la rapiña”.
A partir de consideraciones así este salesiano proponía que el Gobierno determinara con prontitud en qué tierras pensaba asentar a las agrupaciones indígenas que todavía no estaban establecidas, cuyos integrantes sumaban varios miles e imprescindiblemente necesitaban un pedazo de tierra porque:
Hoy día van perdiendo poco a poco los hábitos primitivos. Antiguamente, la caza, la pesca, el comercio de sus tejidos, pieles y plumas, les daba para vivir con cierta holgura. Además, el dominio absoluto de las tierras les permitía trasladarse en busca de pastos y carnes con las boleadas. Pero en el presente no pueden hacerlo, porque todas tienen dueño.
¿Quién no ve entonces, que sería un crimen y una injusticia abandonar a estos pobres seres que son nuestros hermanos e hijos de un mismo Padre, Dios y Señor de todos? […] Los indios volverían, así, a sus antiguos vicios, expuestos por la necesidad a la vagancia, pobres, ignorantes, desnudos hambrientos, privados hasta del derecho de levantar una choza para abrigarse, y sin un retazo de tierra que les dé un mendrugo para ellos y sus hijos. […] ¿Y quién no teme que estimulados por la injusticia, por los rencores y deseos de venganza, y acosados por el hambre, no puedan ofrecer serios peligros a la tranquilidad de la República? Los bosques de la cordillera son inmensos e impenetrables, ellos conocen sus refugios y sus madrigueras, y pueden ser temibles en sus guaridas.
Milanesio concluía esta larga comunicación al ministro del Interior solicitándole que se arbitraran los medios para suspender las ventas de tierras fiscales en los territorios de Río Negro y del Neuquén hasta tanto se determinara fehacientemente que áreas serían reservadas por el gobierno nacional para ubicar a las comunidades indígenas dispersas.
A pesar de la patética apelación del misionero salesiano la respuesta de las autoridades nacionales, más allá de los casos ya descriptos, no sólo fue el silencio sino que, por el contrario, tal cual lo veremos más adelante, éstas apelaron a otros modos y a otros instrumentos de integración.
Pero si el destino de los indígenas que no habían accedido a las concesiones de tierra era incierto, igualmente lo era para aquellos que habían podido llegar a ella. Aunque su futuro era imaginado como promisorio, de acuerdo a los testimonios que trascendieron acerca de su devenir se puede afirmar que años después algunas de estas experiencias oficiales marchaban hacia un seguro fracaso, tal lo acontecido con la reserva Camusu Aike y con la colonia Catriel.
Sobre el primero de los casos debemos decir que la situación de la reserva en los años siguientes a su instalación no sólo no prosperó sino que, por el contrario, pronto entró en un franco proceso de decadencia. Rápidamente comenzó a despoblarse pasando de cerca de quinientos habitantes en 1908 -de acuerdo a testimonios del gobernador Candiotti- a sólo 259 en 1912, según las cifras arrojadas por el censo de ese año. Privados de lograr un mínimo sustento a partir de la caza ante la negativa de los funcionarios y propietarios de permitirles guanaquear, buscaron sobrevivir fuera de la reserva o se emplearon en trabajos estacionales, principalmente como peones o carreteros durante la temporada de esquila.
Respecto de la evolución de la colonia Catriel, en 1911 un inspector de tierras que recorrió la misma informó que tan sólo cuatro familias habían cumplido las condiciones estipuladas en la concesión y, por lo tanto, estaban en condiciones de recibir los títulos de propiedad definitiva. Lo informado por este funcionario fue determinante para cambiar la situación legal de la colonia que, a partir de ese año, dejó de tener el carácter exclusivo de indígena y se abrió a otros colonos, quienes rápidamente se apropiaron de los terrenos existentes mientras que los pocos indios que todavía permanecían en los alrededores pasaron a desempeñarse como peones y jornaleros en las explotaciones agropecuarias que se iban conformando. De esta manera terminaba uno de los últimos intentos de colonización llevado a cabo en el sur argentino con aquellos indígenas que unas décadas antes habían sido reducidos luego de la campaña militar.
Fragmento del libro “Estado y cuestión indígena”, de Enrique Hugo Mases