viernes, 27 de febrero de 2026

 

Tras la entrega de 185 lotes del programa Lotear, la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson difundió una gacetilla de prensa con un pormenorizado informe sobre la ejecución de los trabajos de infraestructura eléctrica que está realizando en el sector, lo que sembró dudas sobre la financiación de la obra.

Los adjudicatarios del programa Lotear abonaron al Municipio el costo de los servicios. Sin embargo, es la Cooperativa -sostenida con el aporte de todos los asociados de Rawson- la que está llevando adelante la ejecución eléctrica. Si la Municipalidad cobró por esas obras, ¿se transfirieron esos fondos a la Cooperativa o se están utilizando recursos de la entidad? Si es esta última opción, ¿por qué los vecinos de Rawson tendrían que abonar la instalación de los servicios para personas que ya pagaron por esos servicios? ¿Qué hizo el municipio con esos fondos? ¿El interventor de la cooperativa, Juan Manuel Ibáñez, saldrá a aclarar que el municipio pagó por esos trabajos?

El intendente Damián Biss y el interventor de la Cooperativa Juan Manuel Ibáñez

La cuestión no es menor en una empresa social que arrastra dificultades económicas y donde cada inversión impacta directamente en el conjunto de usuarios.

Un antecedente agrava aún más las dudas. Alrededor de 150 vecinos que habían abonado de manera anticipada sus terrenos fueron reubicados en lotes caducados del programa “Tierra para Todos”, impulsado durante la gestión de Rossana Artero, parcelas que ya contaban con servicios instalados.

Es decir: los vecinos pagaron por infraestructura que en esos terrenos ya existía. La reubicación resolvió la entrega, pero dejó pendiente una explicación sobre el destino de los fondos abonados originalmente para la instalación de servicios.

En este contexto, la reciente entrega de 185 lotes vuelve a poner el foco en la trazabilidad de los recursos del programa Lotear. Qué hizo el Municipio con el dinero que cobró por servicios que hoy ejecuta la Cooperativa o que, en otros casos, ya estaban previamente instalados.

La discusión ya no es solo urbanística. Es financiera y política. Y requiere de respuestas documentadas.

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