La crisis petrolera en la Cuenca del Golfo San Jorge se profundiza cada vez más. Boris Mansilla, vicepresidente de la Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros, reveló que cerca de 10.000 trabajadores ya fueron desvinculados del sector en los últimos años, producto del retiro de YPF de áreas maduras y el traslado de inversiones hacia Vaca Muerta.
“La industria petrolera ha surtido de fondos públicos a la provincia durante décadas. No se puede mirar para otro lado cuando lo que está pasando afecta a toda la sociedad”, sostuvo Mansilla en declaraciones radiales.
Uno de los casos recientes que encendió las alarmas fue el de Schlumberger, que se retiró de la zona perdiendo 80 empleos entre técnicos, administrativos y personal de campo. “No es la única empresa. Hay muchas con problemas. La caída es por goteo, pero sostenida”, advirtió Mansilla, quien insistió en que el grueso del empleo lo generan las empresas de servicios, más que las operadoras.
La reconfiguración del mapa petrolero a partir del avance del no convencional ha derivado en un “traspaso de áreas a operadoras de menor calibre”, explicó. La consecuencia: un proceso de adecuación traumático y sin consenso social, que ya se hace sentir en Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Las Heras.
10.000 desvinculados y un futuro incierto
“Estamos cerca de los 10.000 trabajadores que se han desvinculado mediante retiros voluntarios”, aseguró Mansilla. El número estremece, pero se vuelve aún más preocupante cuando se suma el impacto en el empleo indirecto: técnicos, ingenieros, torneros, soldadores, proveedores metalmecánicos, todos parte del entramado regional.
“Este número incluye personal calificado de operadoras, jerárquicos de empresas multinacionales, nacionales y regionales. Todos sectores con alto nivel de formación y arraigo en la región”, detalló.
La amenaza de la concentración y la pérdida de contratos
Mansilla también denunció que las empresas regionales han sido desplazadas por firmas con sede en Buenos Aires, sin experiencia en la zona. En particular, apuntó contra PECOM, la empresa del grupo Pérez Companc que accedió a áreas abandonadas por YPF.
“Pedimos una gestión al gobernador para consensuar el traspaso y amortiguar el impacto. No tuvimos respuesta. Algunas empresas ya quedaron sin contratos y su personal fue absorbido por esta nueva empresa. Todo a contramano de lo que debería ser la protección del trabajo local”, afirmó.
Mansilla remarcó que las millonarias indemnizaciones ofrecidas por las operadoras explican por qué el impacto social aún no se ve con toda su crudeza. “Hubo liquidaciones de hasta 300 millones de pesos. Algunos lo pusieron a plazo fijo y sobreviven. Pero eso se va a terminar”, advirtió.
Las pymes, en cambio, enfrentan la tormenta sin paracaídas: “Nos levantamos cada día sin saber qué vamos a hacer. No hay rentabilidad. Estamos en la incertidumbre. Esto era parte del día a día de todos los que vivimos en la cuenca”, lamentó.
Desde su empresa, dedicada a la logística para la industria petrolera, Mansilla describió la cadena de impacto: “Dependemos de talleres, tornerías, soldadores, proveedores. Si paramos nosotros, paran todos. De a poco se van apagando las luces”, graficó con crudeza.
Nota elaborada en base a declaraciones al programa Redacción 20 de LU20