El abogado Diego Martínez Zapata respondió con dureza a Fernando Álvarez Castellano luego de que el presidente de Conarpesa cuestionara públicamente a la jueza de Rawson Amorina Úrsula Testino y mencionara al letrado al hablar de los numerosos juicios laborales que enfrenta la pesquera. Martínez Zapata rechazó cualquier sospecha de connivencia con la magistrada, aseguró que los reclamos por la liquidación de aguinaldos contra las empresas vinculadas a Álvarez Castellano se remontan a casi dos décadas y anticipó que analiza iniciar acciones civiles y penales por las acusaciones formuladas en su contra.
“La verdad, me sorprende sobremanera lo que escuché ayer. Es gravísimo. Yo lo tomo como un ataque a la institucionalidad de la provincia y a mi persona”, afirmó Martínez Zapata.
El abogado sostuvo que el empresario está “mal informado” o directamente “falsea la realidad” cuando concentra sus cuestionamientos en Testino y en su persona. Según explicó, comenzó a litigar contra empresas del grupo mucho antes de la intervención de la magistrada en los expedientes actualmente cuestionados.
“Yo a Conarpesa y Agropez las tengo demandadas desde el año 2005”, aseguró. Recordó además que fue abogado del Sindicato Obreros Marítimos Unidos y de sindicatos vinculados con la actividad pesquera, mientras que desde hace aproximadamente una década representa a la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH).
“Lo condenaron 19 jueces por el mismo tema”.
Uno de los puntos centrales de la respuesta de Martínez Zapata estuvo relacionado con las diferencias en la liquidación del Sueldo Anual Complementario. Frente a la acusación de Álvarez Castellano de que los fallos se concentrarían en una misma jueza y un mismo abogado, el letrado aseguró que existe una extensa jurisprudencia contraria a las empresas.
“Lo condenaron 19 jueces por el mismo tema. Diecinueve, no uno”, afirmó.
Según Martínez Zapata, intervinieron magistrados de primera instancia, camaristas y también la Justicia Federal. Y sostuvo que la cantidad de expedientes sería considerablemente superior a los aproximadamente 40 casos mencionados inicialmente en la polémica.
“No son 40, yo no sé de dónde saca eso. Son más. Son más de 150 juicios que tiene en contra”, aseguró, y afirmó que desde hace 19 años existen condenas contra las empresas “por la errónea y maliciosa liquidación del pago de los aguinaldos”.
Martínez Zapata ubicó uno de los primeros antecedentes en 2007, en el caso Chapelo contra Agropez, y sostuvo que desde entonces distintos tribunales mantuvieron el criterio respecto de cómo debía calcularse el aguinaldo de los trabajadores pesqueros.
De acuerdo con su versión, hubo pronunciamientos en Rawson, Trelew y Puerto Madryn, además de revisiones de las respectivas cámaras. Incluso señaló que, después de que Conarpesa recusara a Testino y algunos expedientes fueran derivados a magistrados de Trelew, los fallos mantuvieron el mismo criterio.
“Los fallos de él los revisaron 19 jueces”, insistió.
La acusación más grave: la referencia a una “asociación ilícita”
Martínez Zapata consideró particularmente grave que Álvarez Castellano haya realizado manifestaciones que, según interpretó, lo vincularían con una supuesta “asociación ilícita”.
“Lo que ayer él declaró genera, a mi juicio, responsabilidad civil por acusaciones calumniosas y difamatorias”, afirmó.
Y anticipó que estudiará también una presentación penal: “Voy a estudiar en el ámbito penal una querella criminal por calumnias e injurias”.
El abogado fue todavía más lejos y emplazó públicamente al empresario a retractarse. “Lo intimo ahora a que pida perdón, porque lo estoy informando bien yo de las barbaridades que dijo”, expresó.
Martínez Zapata remarcó que habla exclusivamente en nombre propio y diferenció su eventual reacción judicial de cualquier decisión que pudiera adoptar Testino, el Poder Judicial, el Colegio de Abogados u otras instituciones mencionadas durante la entrevista.
La interdicción del Barreiro: “No la dictó Testino”
Otro punto sobre el que Martínez Zapata buscó contradecir directamente a Álvarez Castellano fue la interdicción del buque Barreiro, presentada por el empresario como uno de los episodios que terminó de profundizar su enfrentamiento con la Justicia.
Según el abogado, “la interdicción de la que se queja del buque Barreiro no la dictó Testino. La dictaron dos jueces distintos de Trelew y la revisaron tres camaristas de Trelew”, sostuvo.
Explicó que la interdicción de una embarcación constituye una instancia avanzada dentro del proceso de ejecución de una sentencia y que, antes de llegar a ese punto, deben atravesarse diferentes etapas: demanda, sentencia, liquidación, intimación de pago y búsqueda de fondos mediante embargos.
Según su relato, en este caso previamente se habría intentado embargar cuentas bancarias sin encontrar fondos suficientes, por lo que posteriormente se avanzó contra bienes de la empresa.
Martínez Zapata aseguró además que existieron problemas con el monto depositado para intentar levantar la medida: “Le faltaron 21 millones de pesos depositar porque suman mal”.
La tesis sobre los aguinaldos: pagar menos y afrontar los juicios
Durante la entrevista también se abordó una cuestión que ya había aparecido públicamente en el conflicto: la hipótesis de que una empresa podría obtener un beneficio económico liquidando los aguinaldos por debajo de lo correspondiente si solamente una porción de los trabajadores inicia posteriormente acciones judiciales.
Martínez Zapata confirmó que esa es precisamente una de las tesis que sostiene en sus demandas. «Esa es la teoría del caso que yo presento. Desde el 2007 la vengo presentando», afirmó. Y lo ejemplificó tomando como referencia los aproximadamente 2.500 trabajadores mencionados por el propio Álvarez Castellano: si se liquidara incorrectamente el aguinaldo a la totalidad pero solamente reclamara judicialmente un 10 o 15 por ciento, argumentó, el ahorro obtenido sobre quienes no demandan podría superar el costo de los litigios.
«Con lo que se ahorra de liquidar mal a la totalidad de un espectro que te reclame el 10 por ciento, gana plata y después se financia con el juicio, con tiempo», sostuvo.
Martínez Zapata afirmó además que la empresa continúa actualmente utilizando el mecanismo de liquidación que originó los reclamos.
Nota elaborada en base a declaraciones al programa Redacción 20 de LU20