El exministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, en su rol como abogado de cinco asociados de la cooperativa Servicoop de Puerto Madryn, presentó una denuncia penal contra los actuales y anteriores integrantes del Consejo de Administración. Sostiene que existe una cadena de delitos que se remontan al menos hasta el año 2019, aunque solicita a la Justicia que investigue períodos anteriores, argumentando que se trata de una conducta delictiva continuada.
La presentación, que ya fue ingresada en el ámbito judicial, identifica cinco delitos principales: desvío y retención de fondos, administración fraudulenta, falsedad documental, encubrimiento y asociación ilícita. A eso se suma el señalamiento de graves conflictos de intereses y contrataciones incompatibles por parte de exdirigentes.
DESVÍO Y RETENCIÓN DE FONDOS
El eje de la denuncia se centra en la forma en que Servicoop factura a sus usuarios. Según explica Massoni, las facturas contienen dos ítems separados: el VAD (Valor de Distribución) y el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista), este último destinado exclusivamente a cubrir los pagos que la cooperativa debe realizar a CAMMESA, la compañía que administra el sistema eléctrico nacional.
Sin embargo, la acusación plantea que los consejos de administración habrían retenido sistemáticamente esos fondos y los destinaron a otros fines, incurriendo en una apropiación indebida del dinero recaudado a los usuarios. En palabras del abogado, “se quedaban con el dinero y lo usaban para otros gastos, mientras acumulaban deudas millonarias con CAMMESA”. Incluso, advierte, se aplicaban aumentos de tarifa bajo el pretexto de pagarle a la distribuidora nacional, sin que ese pago se concretara.
RETENCIÓN INDEBIDA Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA
La figura penal que sustenta la denuncia es la de administración fraudulenta, ya que, sostiene Massoni, la cooperativa actuó como agente de percepción, cobrando dinero que no le pertenecía y que debía ser girado de manera inmediata. El hecho de usar esos fondos para otros fines constituiría un desvío ilegal, en violación a su deber fiduciario.
Massoni respalda su denuncia en una doctrina internacional conocida como “satisfacción anticipada”, que considera delito el cobro de un servicio sabiendo de antemano que no se cumplirá con el pago al proveedor real (en este caso, CAMMESA).
FALSEDAD IDEOLÓGICA Y DOCUMENTAL
En el escrito judicial se acusa también la existencia de balances, memorias institucionales y actas adulteradas, en los que se oculta información clave sobre el destino de los fondos y el nivel real de la deuda con CAMMESA. Esto, según el abogado, constituye los delitos de falsedad documental y falsedad ideológica, ya que se buscó dar un “barniz de legalidad” a prácticas que en el fondo eran ilícitas.
PODREDUMBRE, ENCUBRIMIENTO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA
El abogado afirma que las irregularidades no son errores aislados sino parte de un entramado sostenido en el tiempo, que involucra a varios consejos de administración consecutivos, todos los cuales habrían actuado con conocimiento de causa. “El fiscal tendrá que atar las relaciones entre ellos, porque se repitieron las mismas maniobras una y otra vez”, sostiene.
Por esa razón, la denuncia incluye también los delitos de encubrimiento y asociación ilícita, al entender que existió una organización orientada a cometer estas prácticas, con roles asignados y un patrón de comportamiento repetido.
CONFLICTO DE INTERESES: EL CASO WOODLEY
Uno de los puntos más graves de la denuncia es el señalamiento directo contra Harry Woodley, expresidente de Servicoop, quien —según consta en el escrito— contrató a su propia empresa de camiones cisterna para prestar servicios a la cooperativa, sin abstenerse ni realizar licitación alguna. Esto configura —según Massoni— el delito de autocontratación ilícita, con un evidente beneficio personal a costa de los fondos públicos de la entidad.
Estas incompatibilidades fueron observadas por el INAES, que habría advertido formalmente la existencia de graves irregularidades administrativas durante la gestión de Woodley.
PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES
Finalmente, Massoni solicita a la Justicia que dicte medidas cautelares contra los actuales miembros del Consejo de Administración, incluyendo la inhibición general de bienes y la prohibición de ejercer determinadas funciones mientras avanza la investigación.
Nota elaborada en base a declaraciones a Lu20