El 26 de julio de 1952 muere Eva Perón, la mujer más poderosa de la Argentina. La muerte de Evita provocó manifestaciones de dolor popular casi sin precedentes en la historia del país.
Era inevitable que con su desaparición del escenario argentino se produjeran efectos en las relaciones personales y de poder dentro del movimiento peronista y el gobierno. Perón, por ejemplo, decidió no permitir que ninguna de las mujeres peronistas reemplazara a Evita como jefa del partido Peronista Femenino; tomó la misma decisión respecto de la Fundación Eva Perón, y en ambos casos anunció su intención de hacerse cargo personalmente de ambas instituciones. En el ámbito gremial, tomó medidas para reemplazar a hombres cuya posición se debía en gran medida a la influencia de su esposa. El secretario general de la CGT, José Espejo, al ser blanco de una andanada de burlas durante la manifestación del 17 de octubre, Día de la Lealtad, acusó el impacto y elevó su renuncia. El ministro de Trabajo pudo hacer mutis de manera más airosa: su mala salud lo hizo renunciar voluntariamente en abril de 1953. Perón eligió a un dirigente sindical de menor jerarquía, Eduardo Vuletich, para ponerlo al frente de la CGT, y a un político de Santa Fe, el senador Alejandro Giavarino, para designarlo ministro de Trabajo.
La renuncia del hermano de Evita, Juan Duarte, a su cargo de secretario privado del presidente, en abril de 1955, fue otra etapa en el operativo de limpieza de la Casa Rosada. Las circunstancias, tanto previas como posteriores, en torno de este hecho fueron de índole diferente y más espectaculares. No fue Perón quien dio el primer paso para obligarlo a renunciar, sino sus colaboradores militares, ansiosos por eliminar a Duarte, a Orlando Bertolini -cuñado de Duarte y a otros miembros del personal de la Casa Rosada a quienes sabían comprometidos en negocios turbios. Conscientes del afecto de Perón hacia Juan Duarte, los militares eligieron a Bertolini como blanco de sus acusaciones, sabiendo muy bien que seguir el hilo de la corrupción los llevaría inevitablemente al hermano de Evita.
Los cargos contra Bertolini se elevaron en momentos en que era cada vez mayor la preocupación pública por el sideral aumento del costo de los alimentos y cuando arreciaban las críticas, tanto en los medios peronistas como en los de la oposición, por la corrupción en las altas esferas. Inclusive algunos funcionarios de la CGT insinuaban que ciertos altos funcionarios podían ser responsables de la escasez de carne en Buenos Aires. En tales circunstancias, y ante el riesgo de que la inacción gubernamental instara a sus edecanes militares a comunicar su preocupación a sus compañeros de armas, Perón accedió a la propuesta de nombrar al general León Bengoa, un prestigioso oficial del Ejército con firme reputación como hombre de juicio independiente, para que iniciara una investigación sobre las actividades de Bertolini.
Investido por el presidente de amplios poderes para llevar a cabo la investigación, y con garantías de poder ponerse en contacto directo con él en todo momento, Bengoa inició su tarea el 6 de abril con un reducido equipo de oficiales y el personal de Control de Estado, por el momento a su cargo. Cada día Bengoa escribía en una sola copia manuscrita un sumario de lo que había descubierto e informaba en persona al presidente. No encontró obstáculos para su misión y así pudo sacar a luz -revisando los archivos de Duarte y Bertolini y por medio de declaraciones tomadas a intermediarios- pruebas que demostraban las actividades ilícitas no sólo de ambos parientes de Evita, sino también de otros importantes funcionarios. Duarte fue separado de su cargo el primer día de la investigación y se le prohibió la entrada a su propia oficina. Dos días después, el 8 de abril, el presidente manifestó en un discurso transmitido por radio que tenía conocimiento de la preocupación pública por el aumento de precios y de los insistentes rumores sobre la corrupción en los medios oficiales. Pero anunció que había ordenado una investigación en su propio despacho, “para establecer la responsabilidad de cada uno de los funcionarios, empezando por mí. Y donde hay delito, va a ir a la justicia, tal como ha sido mi norma inquebrantable desde que estoy en el Gobierno”.
Esa “norma” se quebró al día siguiente mismo, cuando Juan Duarte apareció muerto de un balazo a causa de un suicidio, como sostuvo la policía, o víctima de un atentado por parte de desconocidos, como muchos argentinos pensaron en ese momento y aún siguen creyéndolo. Fuera como fuese, el presidente ordenó al general Bengoa que suspendiera la investigación y elevara un informe final.
A las pocas horas Bengoa entregó todas las pruebas que había reunido y así se dio por terminado el asunto. De manera evidente, unos pocos individuos fueron trasladados después de la Casa Rosada a otros cargos, pero salvo Juan Duarte, ninguno de los principales personajes complicados en negocios ilícitos sufrió el menor castigo. La imagen de la Casa Rosada como antro de corrupción no mejoró.
Fragmento del libro “El ejército y la política en la Argentina 1945-1962. De Perón a Frondizi”, de Robert A. Potash