Todo comenzó en la casa de Benjamín Martínez de Hoz. Allí, el 10 de julio de 1866, el día después que la Argentina cumplió cincuenta años como nación independiente, se dio cita una docena de influyentes terratenientes para levantar una institución capaz de “velar por el patrimonio agropecuario del país y asumir la más eficaz defensa de sus intereses”, entre un largo listado de propósitos.
Ese día nació la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Sus bases, redactadas por Eduardo Olivera -ingeniero agrónomo, hacendado y político- tuvieron escasa originalidad: eran similares a las sociedades agrícolas de Europa, continente donde Olivera cursó sus estudios. A él se le debe también el lema Cultivar el suelo es servir a la Patria, tampoco muy original; era una modificación del que ostentaba en su frontis la Escuela de Agricultura de Grignon en Francia. Olivera llegaría a ostentar, en los círculos de la oligarquía terrateniente, el título de “patriarca de la ganadería argentina”.
El primer presidente de la SRA fue José Martínez de Hoz, quien había sido convencional constituyente en la reforma constitucional de 1860. Su vicepresidente fue el británico Ricardo Newton, quien instaló el primer alambrado en el país. No sería el único extranjero. También estaba el escocés Tomás Drysdale, el norteamericano Samuel Hale y el prusiano Ernesto Oldendorff, primer director del Departamento Nacional de Agricultura creado por el presidente Sarmiento, entre otros.
Las biografías de sus primeros socios dan luces del perfil de la institución. Los había hacendados lanares, ganaderos, agricultores y saladeristas, en su gran mayoría con descollante participación en el ámbito político, judicial y bancario del país. Se trataba, a todas luces, de una alta vinculados a la propiedad de la tierra.
A juicio del sociólogo José Luis de Imáz, la SRA asumió desde un comienzo la representación “de los que mandan” el suelo, no de los mandados. Hablamos “de los grandes propietarios, única y exclusivamente. En sus cuadros no tienen cabida los medianos y pequeños propietarios locales, ni los chacareros aún subsistentes, ni los arrendatarios ni los colonos de las grandes propiedades”.
Así los retrata en su libro Los que mandan (1964), un clásico de la sociología argentina y lúcida radiografía de una clase dirigente proveniente de las mismas familias, los mismos colegios y socia también de los mismos clubes, “La Rural” uno de ellos.
Desde su fundación la SRA fijó su mirada en los territorios indígenas y en la necesidad de avanzar sobre ellos. Era un interés convenientemente perfumado con eufemismos tales como la “cuestión de fronteras” que remitía a la inseguridad de hacendados y pobladores frente a los “indios”. Lo cierto es que el interés, desde siempre, fue la tierra. La propiedad de la tierra.
Un año después de su fundación, los objetivos de la SRA parecían encontrar eco en la clase política.
Con fecha 13 de agosto de 1867, el Senado y la Cámara de Diputados promulgaron la Ley 215 de avance de la “línea de frontera contra los indios”. “Se ocupará por fuerzas del ejército de la República la ribera del río Neuquén, desde su nacimiento en los Andes hasta su confluencia en el río Negro en el Atlántico, estableciendo la línea en la margen septentrional del expresado río de cordillera a mar”, mandataba en su Artículo 1º.
Pero fue apenas una declaración de intenciones.
“La ley 215 no pudo llevarse a cabo de manera inmediata ya que la guerra con el Paraguay, las luchas civiles con las ‘montoneras’ del Interior y el primer levantamiento jordanista, concentraron la atención y los recursos del gobierno por muchos años”, señala Silvia Ratto, académica de la Universidad Nacional de Quilmes.
De allí la verdadera campaña pública que los estancieros y hacendados, socios de la SRA, emprendieron para hacer efectiva dicha legislación. A juicio de Eduardo Olivera, su fundador, se requería “abrir al pastoreo los inmensos desiertos que yacen improductivos para la sociedad entera”.
Así lo exponen en Anales de la Sociedad Rural Argentina, periódico de edición mensual orientado a la modernización del agro y la ganadería pero también a la difusión de sus ideas.
La cuestión de fronteras es una cuestión de vida o muerte, porque allí está la fuente de nuestra riqueza pastoril […] Más de tres siglos han transcurrido y nos encontramos todavía como al principio de la conquista, ocupando la tierra en común con la barbarie, en vez de ocuparla en común con la civilización que nos habría colmado de prosperidad como a los Estados Unidos […] La culpa es nuestra, que hemos conservado esas tribus en el desierto […] Ser avaro de esas tierras, guarida del salvaje, es ser avaro y aliado de la barbarie, amamantando su serpiente a los pechos de nuestra patria […] La colonización de la frontera debe hacerse por el Gobierno y por el gremio de Hacendados, a quienes toca tomar la iniciativa porque se trata de la salvación de sus riquezas.
La cita anterior corresponde a extractos de la memoria leída en su Asamblea General del 8 de enero de 1869, firmada por el abogado José Francisco López. Fue incluida, de manera íntegra, en el primer número de Anales del mismo año, de fecha 31 de enero