El próximo lunes 25, a las 9 de la mañana, comenzará el juicio oral de la causa conocida como “Ñoquis Calientes”, que tendrá como principal imputada a la exministra de Familia durante el gobierno de Mariano Arcioni, Cecilia Torres Otarola, quien está acusada de fraude a la administración pública en calidad de autora por 8 hechos, tres por el delito de concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
También estarán en el banquillo de los acusados seis personas del entorno de la exfuncionaria: Jacqueline Rodera, que era la subsecretaria, Mara Rodera, que es la hermana de la exsubsecretaria, Miguel Reto Telles, que trabajaba de jardinero, Silvana Cañumil, quien fue nombrada en Legislatura cuando Otarola era diputada, pero trabajaba como niñera de los hijos de la legisladora; Branco Rodera Neira y Facundo Solari Rodera.
El jefe de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, Omar Rodríguez, explicó que “la causa se divide en dos tramos: la primera etapa fue cuando Torres Otarola fue diputada, en esa época le exigía a 2 asesores que entreguen una parte del sueldo. En algunos casos era para cubrir otro asesor, y en otros casos directamente se llevaba ese dinero, que iba a parar a la cuenta de Cañumil, y Cañumil hacía la transferencia a Otarola, era una triangulación. “La plata no la recibía directamente, pero sí la recibía a través de distintas transferencias, y eso quedó todo registrado”.
“En este caso en particular, las personas no eran ñoquis porque sí trabajaban en legislatura, pero tenían que aceptar las condiciones, si no aceptaban las condiciones, se iban y venía otro. Entonces, en este caso en particular, esta gente accedía a esa exigencia indebida por parte del funcionario que ejerza un poder indudablemente sobre las personas”, aclaró el fiscal.
La segunda parte del juicio corresponde a la etapa de Torres Otarola como Ministra de Familia del Gobierno de Mariano Arcioni. “Ahí nombra una serie de personas que estaban relacionadas todas, o en su mayoría, con la subsecretaria Rodera que, dicho sea de paso, era amiga personal de ella, aunque vivía en Buenos Aires y ya venía ocupando o ejerciendo un cargo en la legislatura como asesora desde el 2016”, expresó Rodríguez a LU20.
Para el fiscal, “a todo el grupo de allegados a Rodera, Otarola los beneficiaba con el nombramiento, sin que presten ningún tipo de servicio, a pesar de que cobraban un sueldo. No era una beca, no era un subsidio, era una actividad en el estado, y que debe ser traducida con una contraprestación. Alguien en el estado para cobrar debe trabajar, algo tiene que hacer, por lo tanto, si la persona no trabaja y no hace nada, indudablemente estamos en una situación de fraude a la Administración Pública”.
Por último, Rodríguez aclaró que en la causa “también estaban el marido, y un amigo del marido, que eran de Buenos Aires. Esas personas, después de una larga discusión, acreditaron medianamente que ellos habían cumplido cierta actividad en Buenos Aires, con mails y con algunas cuestiones documentales. En función de eso, se generó un estado de duda, y yo, por el principio de objetividad, pedí el sobreseimiento respecto de estas dos personas”.