La decisión del Gobierno nacional de habilitar el ingreso de carne con hueso desde el norte del país hacia la Patagonia está siendo fuertemente cuestionada por los distintos sectores agropecuarios de la región. La medida, oficializada mediante la resolución 460/2025, elimina una de las restricciones que desde hace más de dos décadas apuntalaba el estatus sanitario diferencial, reconocida como zona libre de aftosa sin vacunación.
Osvaldo Luján, integrante de la Sociedad Rural local e integrante de la Mesa Patagónica de entidades rurales advirtió que la decisión “fue tomada sin diálogo real” con las provincias ni con los sectores productivos afectados. Recordó que en mayo, tras una prórroga de la anterior resolución 180/2025, se había acordado esperar las respuestas de organismos internacionales como la Unión Europea y Chile para analizar el impacto de la medida en la comercialización de productos patagónicos. Sin embargo, el Gobierno avanzó por decreto, sin convocar la reunión prometida.
“Como siempre vemos, las decisiones ya están tomadas de antemano”, lamentó Luján. “Esto es un atraso a lo que significan más de 20 años de poder tener una zona libre sin vacunación”.
Riesgo sanitario y retroceso estratégico
Uno de los principales cuestionamientos es el impacto sanitario de la decisión. Luján alertó que si se produce un brote de fiebre aftosa en el norte, la Patagonia quedará expuesta y perderá su estatus internacional. “El camino era al revés”, sostuvo. “Habíamos propuesto avanzar hacia el norte con zonas intermedias, y no retroceder sobre lo que ya se había logrado”.
Además, consideró “ridículos” los fundamentos del Gobierno para justificar la medida, entre ellos la supuesta necesidad de “abaratar” el precio de la carne en el sur del país. Para Luján, el verdadero objetivo responde a presiones de grandes frigoríficos y cadenas de supermercados del norte, entre ellas La Anónima, que buscarían ampliar sus negocios a costa del equilibrio sanitario y productivo del sur.
“Puede ser que en los primeros 60 días haya una baja en el precio del costillar o del asado, pero luego será como ahora: no hay diferencia real entre la carne del norte y la nuestra”, dijo.
Consecuencias económicas y sociales
El ruralista planteó que la medida no solo pone en riesgo el trabajo de más de 50 cabañas que desarrollaron genética bovina en la región, sino que ignora el rol estratégico de la producción en zonas de arraigo complejo como la Patagonia. “No se puede mirar todo con la vara del mercado”, expresó. “Producir en Patagonia es difícil, pero también es soberanía, es trabajo y es futuro”.
Asimismo, recordó que en los últimos años se incrementó significativamente la superficie agrícola en zonas como Río Negro, con más de 30 mil hectáreas incorporadas al sistema productivo. “Todo eso se pone en jaque si se toma una medida sin evaluar integralmente su impacto”.
Acciones judiciales en marcha
Luján confirmó que ya comenzaron las acciones legales para intentar frenar la resolución. La provincia de Río Negro fue la primera en presentar un recurso administrativo, y otras jurisdicciones podrían sumarse en las próximas semanas.
“La mesa patagónica está trabajando, estamos leyendo la letra chica de la resolución y avanzando en una estrategia común”, aseguró. “No podemos dejar que por una decisión de corto plazo se pierda un logro sanitario que beneficia no solo a la Patagonia, sino a todo el país”.