Otras leyes siguieron a la de educación. Tras ella, se creó el Consejo Nacional de Educación, con la presidencia de Benjamín Zorrilla, y ese mismo año (1884) se sancionó la ley que establecía el registro civil para la Capital Federal y territorios nacionales, dejando entonces fuera del control de la Iglesia matrimonios y nacimientos. Cuatro años más tarde, se modificaba el Código Civil en función de la implantación del matrimonio civil, y nuevamente hubo encendidas manifestaciones de protesta por parte de los católicos, aunque la mayoría se impuso por cuarenta y ocho votos contra cuatro.
La polémica entre católicos y liberales continuó durante toda la década, y hubo algunos episodios que revelaron la profundidad de las diferencias. Tal el caso del delegado apostólico, monseñor Luis Mattera. No solamente los periódicos y diarios habían seguido matizando con sus opiniones la polémica: también la Iglesia resolvió expresar su opinión en sus documentos pastorales. Los obispos de Salta y del Litoral cumplieron con sus deberes episcopales, pero en Córdoba, provincia tradicionalmente católica, el vicario monseñor Jerónimo Clara calificó a la ley del Congreso de “impía atea” y no solamente prohibió a sus fieles leer los periódicos liberales, sino también que enviaran a sus hijos a las escuelas donde hubiera docentes de fe protestante, refiriéndose a aquellos institutos cordobeses que habían empleado maestras y profesoras norteamericanas.
La reacción del presidente Roca no se hizo esperar: teniendo en cuenta la condición de funcionario público a que lo sometía el vicariato, dispuso la destitución y el procesamiento judicial del vicario, a causa de las opiniones contrarias al orden social y a la autoridad nacional. Pero ahí no acabó todo: Clara desconoció lo resuelto por el presidente, y encontró el apoyo del nuncio apostólico, Luis Mattera, quien reforzó la prohibición de enviar a los niños a escuelas donde hubiera profesoras “acatólicas”. Esta medida llevó la cuestión al Ministerio de Relaciones Exteriores, dado el carácter diplomático de las funciones desempeñadas por Mattera, y ante la respuesta del religioso, el presidente dispuso su expulsión del país en veinticuatro horas.
Profesores de la Capital y de Córdoba se solidarizaron con Mattera, entre ellos José Manuel Estrada, que fue dejado cesante de su cargo de rector del Colegio Nacional, y el jurista Rafael García, cuya estatua fue levantada frente a la universidad, años después, como homenaje de los católicos a su actitud frente a la medida que lo separó de su cátedra. Hay que destacar, sin embargo, que el presidente Roca circunscribió prolijamente los alcances de la cuestión a las consecuencias que podría haber llegado a tener la insubordinación de los religiosos. No hubo en sus medidas ningún contenido anticatólico; antes bien, cuando los salesianos misionaron en la Patagonia contaron con todo el apoyo del presidente. Luego de estas circunstancias, la Iglesia no tuvo que afrontar ningún brote que la hiciera temer represalias.
Algunos historiadores opinan que, en esta oportunidad, la Iglesia pudo comprobar los cortos alcances de su prédica, tras lo cual resolvió organizar un congreso católico y formar un partido confesional, la Unión Católica, de corta vida. En cambio sí tuvo mayor extensión el trabajo de los sacerdotes católicos en los círculos obreros, pero esto ocurrió años más tarde, cuando los ecos de la polémica religiosa del 80 se habían disipado.
Fragmento del libro “La época de Roca”, de Félix Luna