El abogado Federico Massoni amplió sus acusaciones públicas contra la conducción de Servicoop revelando una presunta red de negocios jurídicos y financieros montada en torno a la cooperativa de Puerto Madryn. Según detalló, se trata de un esquema en el que participan abogados, sindicalistas y empresas gestoras, que habrían generado comisiones millonarias y maniobras fraudulentas, todo a costa de los usuarios.
DEUDAS, INTERESES Y HONORARIOS: UN GRUPO DE ABOGADOS QUE SE LLENÓ DE PLATA
Uno de los mecanismos denunciados consiste en la acumulación deliberada de deudas con el sindicato por parte de la cooperativa, especialmente por aportes sindicales impagos. Esas deudas eran luego ejecutadas judicialmente por el abogado del sindicato, con la cooperativa allanándose rápidamente, sin oponer defensa alguna.
El resultado de esa maniobra era doble: se pagaba la deuda más intereses y, lo más importante para los involucrados, se liquidaban honorarios para los abogados intervinientes, tanto del gremio como de la propia cooperativa. “Se llenaron de plata con ese sistema, era un juego perverso que todos conocían”, denunció Massoni.
INVENTARON EMPRESAS PARA PODER QUEDARSE CON LOS HONORARIOS
El circuito no termina ahí. Cuando los honorarios empezaron a concentrarse en pocos actores, aparecieron nuevas figuras jurídicas: empresas paralelas o gestoras, creadas -según explica Massoni- con el único fin de intermediar en conciliaciones judiciales.
Estas firmas actuaban en causas donde no existía conflicto real: bastaba con redactar un escrito donde se reconocía la deuda y se pactaba un plan de cuotas. Por ese simple trámite, estas empresas se llevaban comisiones de hasta el 20% del monto acordado. En uno de los últimos casos detectados, la cifra superó los 100 millones de pesos.
SE COMEN CIEN MILLONES DE HONORARIOS
“La empresa no discute nada, no aporta nada. Solo redacta un papel y se lleva una fortuna. Eso es saqueo con nombre de gestoría”, expresó Massoni, aludiendo a que estas operaciones se montaban en acuerdo con las autoridades de la cooperativa y el sindicato, quienes avalaban el proceso con sus firmas.
UNA CULTURA DE IMPUNIDAD NORMALIZADA
Massoni denunció que todo esto es posible porque la política partidaria se metió en el funcionamiento de la cooperativa. “Desde que la usaron como caja, se naturalizó lo ilegal”, afirmó, señalando que muchas de estas prácticas han sido aceptadas por años sin controles reales. Criticó también que los miembros de los consejos de administración se presten a estos manejos, validando con sus votos un sistema donde el beneficio privado pasa por delante del interés de los asociados.
“Nos acostumbramos a que lo malo está bien”, remató.