miércoles, 6 de agosto de 2025

En junio de 2024, la Oficina Anticorrupción de Chubut realizó una denuncia penal contra los responsables de la cooperativa de trabajo OBED EDOM, con sede en Trelew, por haber presentado facturas apócrifas y resúmenes bancarios adulterados para justificar casi dos millones de pesos en subsidios ante el Tribunal de Cuentas. La presentación fue acompañada por una fuerte advertencia: no era la primera vez que esa organización intentaba engañar al Estado, y había al menos diez cooperativas más bajo sospecha.

El fiscal anticorrupción, Diego Carmona, fue contundente: “Los responsables de la cooperativa pretendían valerse de documentación falsa para estafar al Estado”. Según explicó, el caso llegó a su instancia luego de que el Tribunal de Cuentas detectara irregularidades y emitiera intimaciones que fueron ignoradas: la cooperativa volvió a presentar documentos adulterados.

La denuncia fue radicada en la Unidad Especializada en Delitos Contra la Administración Pública del Ministerio Público Fiscal, bajo la carátula de “estafa a la administración pública”. Además del caso OBED EDOM, Carmona reveló que existían al menos una decena de investigaciones más en marcha, y que el Tribunal de Cuentas ya había enviado nuevos expedientes con denuncias similares.

Desde entonces, pasó más de un año. La gravedad del hecho, el nivel de detalle con el que fueron expuestas las maniobras, y la posibilidad de que se tratara de un esquema extendido con complicidad estatal, hacían prever una causa penal de alto impacto.

Sin embargo, nunca más se supo qué pasó con la investigación.

¿Avanzó la causa? ¿Hubo imputaciones? ¿Se identificaron a los funcionarios que aprobaron los subsidios a cooperativas sin control? ¿El Estado pudo recuperar algo del dinero?

En medio de una crisis económica que golpea a los sectores más vulnerables, el caso de las “cooperativas truchas” cobra otra dimensión: no solo se trata de fondos públicos que desaparecen, sino de la complicidad que permite que eso ocurra. La transparencia y el control de estos mecanismos siguen siendo una deuda pendiente.

¿Dónde está la causa OBED EDOM? ¿Y las otras diez cooperativas bajo la lupa? ¿Por qué se frenó la investigación?

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