El 11 de marzo, una patrulla militar detuvo a dieciséis miembros de la comunidad qom (catorce hombres, una mujer y un niño) que permanecían en la reducción. Los encerraron en un depósito y los ataron.
Ninguno de ellos había participado de la revuelta. Pero eso no importó. Durante la noche los trasladaron a un lugar apartado, en las cercanías, y los fusilaron. Un rato antes, los habían obligado a cavar sus propias fosas, en las que finalmente fueron enterrados.
Apenas tomó conocimiento del sangriento episodio, el padre Constanzi lo registró en sus memorias:
Hoy día once del mes de marzo del año mil ochocientos ochenta y siete después de la sublevación del día siete habiendo quedado algunos indios de la tribu de los sublevados la autoridad militar descontando de estos teniéndolos, en la barra a más de estos, regresaron otros que se habían mandado por orden del gobierno de escolta con el Sr. agrimensor Estanislao Rojas después de haberlos atados bien seguro a las nueve de la noche fueron asesinados por la fuerza militar que guarnecían este punto los muertos fueron catorce a más de una mujer y un chico de poca edad fueron enterrados cerca de la proveeduría donde los soldados estaban acuartelados. Doy fe. No fueron los únicos casos.
Como señala el testimonio de Costanzi, en los días siguientes hubo, al menos, dos nuevos asesinatos cometidos por los militares con apoyo de los vecinos.
El cobarde episodio cumplió con su objetivo de sembrar el terror y sofocar la rebelión. La matanza de dieciséis indígenas fue silenciada durante mucho tiempo. Se quiso instalar la versión de que los indígenas habían asesinado al padre Costanzi, y que por esa razón se los había masacrado. Una falsedad, porque el religioso murió diez años después de los hechos ocurridos en San Antonio de Obligado.
Los testimonios legados por Costanzi y otros misioneros, entre ellos el mencionado Iturralde, fueron importantes para preservar la verdad histórica. Pero lo que realmente mantuvo viva la memoria de las víctimas de la masacre de San Antonio de Obligado durante estos años ha sido el recuerdo de sus descendientes, transmitido hasta nuestros días a través de su tradición oral. La fuerza poderosa de ese recuerdo, sumado a la búsqueda incansable de justicia y verdad de las comunidades qom y moqoit del norte argentino, hicieron posible que se iniciara una investigación judicial.
“La masacre de 1887 es el primer registro de una dentro de una reducción, porque hasta ese momento el accionar represivo de los ejércitos era fuera del territorio donde el Estado tenía autoridad”, explica el historiador Francisco Mora.
La de San Antonio de Obligado es la tercera masacre indígena en ser investigada por la Justicia como delito de lesa humanidad. Las anteriores fueron las de Napalpí, ocurrida en Chaco en 1924, y la de Rincón Bomba, que tuvo lugar en Formosa en 1947.
“Creemos necesario el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan, para establecer el por qué, cuándo y cómo se consumaron los hechos, y saber quiénes son los máximos responsables. Queremos que se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de horror y que se reconozca socialmente a las víctimas”, expresó Cintia Chávez, la abogada que representó a las comunidades en la denuncia.
La investigación judicial por la masacre de San Antonio de Obligado fue posible gracias a la tenacidad y la lucha permanente de las comunidades.
Fragmento del libro “Mitos, leyendas y verdades de la Argentina indígena”, de Andrés Bonatti