Primeros Antecedentes Normativos
Siglo XIX: El acceso al retiro era muy restringido y aplicaba de forma excepcional a militares, altos funcionarios del Estado y algunas maestras.
Ley 1.420 (1884): Estableció formalmente un sistema de previsión y amparo para el personal de las escuelas comunes, reconociendo la especificidad de la labor educativa.
Sanción de la Ley 4.349 en 1904 (origen del Día del Jubilado) para empleados del Estado.
Creación posterior de cajas específicas por gremio (ferroviarios en 1915, bancarios, etc.).
Sistema fragmentado y de baja cobertura inicial.
1944 la cobertura previsional se hace masiva
La cobertura previsional se hace masiva con la creación en 1944 de la Caja de Empleados de Comercio, y en 1945 del Personal de la Industria. Se preveía la combinación entre reparto y capitalización, es decir, que regía el principio de solidaridad por el cual los trabajadores financiaban a los jubilados, y también se preveían aportes en cuentas individuales. Pero a partir de 1954, los beneficiarios ya superaban las posibilidades financieras del sistema. Esto acelera el establecimiento pleno del sistema de reparto.
Aramburu vacía las cajas
Después del golpe militar de 1955 se realizó un desfalco y a cambio generó deuda, que también se iría licuando por las tasas de interés reales negativas. Más adelante las reformas previsionales acentúan distintos privilegios sectoriales. En 1967, el gobierno militar de Onganía agrupa las cajas previsionales en tres: trabajadores del Estado, autónomos y privados. Los privilegios aparecen con el régimen especial de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Así, en 1973 la Seguridad Social contaba “con un déficit tres veces superior a las disponibilidades del sistema y además se debía a los jubilados una retroactividad equivalente a un millón trescientos mil haberes mínimos” (Gentile, “La mitad de la verdad es peor que una mentira”, Página/12, 27/10/08). En los años siguientes por la mayor presión de los trabajadores aumenta la recaudación previsional (evadida sistemáticamente por las patronales en las décadas precedentes con el guiño del Estado), pero la última dictadura militar pondrá fin a esto y volverá a hacer uso de la caja previsional para financiar a los capitalistas. Entre 1977 y 1995, se desviaron fondos hacia el Estado por $88.905 millones. Si el sistema requería en 1979 aportes del Estado para sostener un 5% de sus obligaciones, en 1987 había subido ya al 25%. A la vez, los criterios utilizados para ajustar los haberes variaron sistemáticamente, hasta la reciente ley 26.417, sin que esto redunde en mejores ingresos.