En su mensaje inicial, el presidente Roca había señalado que había tantos asuntos sobre los cuales legislar, que era como si recién se fundara la nación. No solamente la educación, sino todas aquellas otras circunstancias derivadas de la federalización de Buenos Aires y de la recuperación de los territorios del Chaco, la conquista definitiva de la Patagonia y las demás situaciones que surgían del propósito de organizar el país.
Durante los gobiernos de Roca y de Juárez Celman se echaron las bases definitivas de la legislación argentina. En 1881 se sancionó la Ley Orgánica de Justicia de la Capital Federal, que establecía la estructura de cámaras de apelaciones, juzgados en los distintos fueros y juzgados de paz. Como consecuencia, nuevos cargos fueron cubiertos por los partidarios del régimen, algunos de los cuales se trasladaron desde las provincias para instalarse definitivamente en la Capital. En 1882, la Ley de Organización de la Municipalidad de Buenos Aires permitió confirmar al intendente Torcuato de Alvear, que ya desempeñaba ese cargo desde dos años antes. Estas dos leyes permitieron la reconciliación de Roca, provinciano, con las elites porteñas, que definitivamente aceptaron a su presidente.
Durante 1883 y 1884 el debate religioso no fue el único. Se discutió la Ley Universitaria, propuesta por Nicolás Avellaneda, que por entonces era senador nacional, y la Ley de Registro Civil, que preludiaría las polémicas religiosas posteriores. También de 1883 es la Ley de Territorios, que delimitaba las nuevas divisiones administrativas de la Patagonia. La posición de Bernardo de Irigoyen, ministro de Interior, se enfrentó con la de los representantes de San Luis, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, que pretendían que los nuevos territorios pasaran a engrosar sus jurisdicciones. En este debate se destacó Ramón Cárcano, joven diputado cordobés, que recordaría estas circunstancias mucho más tarde, en su libro Mis primeros ochenta años. En la polémica sobresalió por su mesura y calidad humana uno de los mayores parlamentarios de todos los tiempos, Bernardo de Irigoyen, cuya oratoria cortesana atraía numeroso público a los debates. También el periodismo seguía su actuación, y así se comprobó en ocasión de su defensa del tratado de límites con Chile, en 1881.
Uno de los grandes debates que tuvieron lugar durante el gobierno de Juárez Celman fue el de la Ley de Matrimonio Civil, en el que volvieron a destacarse José Manuel Estrada y Pedro Goyena, por los católicos, junto a otros compañeros de ideas tales como Estanislao Zeballos y Wenceslao Escalante; sus oponentes descollantes fueron los senadores Carlos Rodríguez y Pedro Funes, cuya oratoria trajo recuerdos del debate de 1884 en torno a la Ley de Educación.
Gracias a la existencia de alrededor de doscientos periódicos, de los cuales cien se editaban en la Capital Federal, todos los grandes temas debatidos en el ámbito parlamentario llegaron hasta el ciudadano. Fue así como comenzó a cobrar peso la opinión pública, que pudo manifestarse libremente e incluso ejercer presión sobre las decisiones gubernamentales. El Congreso operaba como caja de resonancia de las distintas tendencias, circunstancia que ayudó a que las prácticas ciudadanas fueran progresando aceleradamente. La cobertura informativa no solamente se limitaba al ámbito nacional: ya en 1875 se había inaugurado el servicio telegráfico con Europa por medio del cable submarino. Esta novedad, más la instalación de una sucursal en Buenos Aires de la agencia Havas, multiplicó las posibilidades de estar al tanto de lo que ocurría en el mundo. La Argentina se abría, se ensanchaba, pulía sus instrumentos democráticos, miraba esperanzada al porvenir.
Fragmento del libro “La época de Roca”, de Félix Luna