De acuerdo a las noticias difundidas por los medios afines al gobierno provincial, Santa Cruz se consolidó una vez más como la principal provincia exportadora minera de Argentina, acumulando USD 1.293 millones en ventas al exterior durante el primer cuatrimestre de 2026.
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Esta cifra representa un impresionante incremento interanual del 110,1% respecto al mismo periodo de 2025 cuando se exportaron USD 615 millones. Además, el mes de abril cerró con USD 286 millones, marcando un récord histórico para ese mes en la provincia.
El sector minero representó el 88,3% de las exportaciones generales de Santa Cruz en el cuatrimestre, siendo el oro el protagonista absoluto al acaparar el 85,1% de los embarques santacruceños (seguido por la plata con un 14,8%). Los destinos clave que concentraron la producción local fueron Suiza (40,1%), Estados Unidos (28,5%) y Canadá (16,6%).
Hasta acá lo ideal, ahora, lo real
Recordemos que en el mes de junio del 2025 el gobernador Claudio Vidal vetó totalmente la ley propuesta por el diputado Javier Jara, que elevaba de 3 a 5% las regalías en los nuevos proyectos mineros; ni siquiera incluía a los proyectos vigentes.
Claudio Vidal fundamentó su veto en razones irreales: que este aumento iba a desalentar las inversiones futuras, un hecho contrafáctico que la propia realidad contradice. Vidal se transformó, de esa manera, en uno de los principales lobistas del sector minero en Santa Cruz en contra de la misma provincia que gestiona.
Para tener un análisis ajustado a la realidad de los números y porcentajes que maneja la provincia en materia minera, recurrimos a un técnico en la materia quien fue parte del negocio minero hace una década atrás y nos refirió algunos tips para calcular el impacto económico directo de esta decisión en las arcas provinciales, basándose en los USD 1.293 millones exportados por Santa Cruz durante el primer cuatrimestre de 2026 que menciona la nota publicada por el gobierno a través de la prensa local.
El escenario de la materia exportable, los fondos recibidos y de acuerdo a los datos aportados oficialmente, quedarían de la siguiente manera::
Con las regalías actuales del 3% la provincia recibe aproximadamente USD 38,79 millones por la actividad de este primer cuatrimestre.
Con el aumento propuesto del 5%, la provincia habría recibido unos USD 64,65 millones.
Al negarse a aprobar el incremento del 2%, por el veto del Gobernador Vidal, la provincia dejó de percibir una diferencia estimada de USD 25,86 millones solo en los primeros cuatro meses del año.
Un punto crucial: el valor “boca de mina”
El concepto de valor boca de mina es el eje central sobre el cual las provincias mineras calculan lo que cobran. En términos simples, significa que la ley no permite cobrar regalías basándose en el precio final al que se vende el lingote de oro o plata en Suiza o Estados Unidos. En su lugar, el impuesto se aplica sobre el valor que tiene el mineral justo en el momento en que sale de la tierra, antes de cualquier proceso industrial pesado, transporte o refinación.
Para determinar este valor, la Ley de Inversiones Mineras de Argentina N° 24.196 establece un mecanismo de deducciones. Se toma el valor de la primera venta del producto y se le restan los costos en los que incurrió la empresa minera para procesarlo y trasladarlo.
En el caso del oro y la plata, las empresas deducen legalmente costos de trituración y molienda, costos de fundición y refinación (el oro de Santa Cruz viaja al exterior para ser refinado a su máxima pureza), fletes, transporte y seguros internacionales y gastos de comercialización y administración.
¿La provincia gana o pierde plata con este sistema?
La respuesta corta es que Santa Cruz recauda significativamente menos de lo que sugieren los titulares de exportación, lo que desde la perspectiva fiscal se interpreta como una “pérdida” de potencial de cobro frente a lo que ganan las corporaciones.
Al permitirse tantas deducciones, la base imponible (el número sobre el que se calcula el 3%) se achica notablemente. Un mineral que se exporta y declara por un valor bruto de USD 100, tras descontar los costos de refinación, transporte y logística, puede terminar teniendo un “valor boca de mina” de USD 70 o USD 60.
Por lo tanto, la provincia no cobra el 3% de los 100, sino el 3% de los 60. En la práctica, la regalía efectiva real suele ser bastante menor al 3% del valor total de exportación.
El cálculo del valor boca de mina depende en gran medida de las declaraciones juradas que presentan las propias empresas mineras. Y aquí está el otro gran problema porque Santa Cruz carece de la estructura de auditoría técnica necesaria para verificar si los costos de transporte, refinación en el extranjero o insumos químicos que declara la empresa, son exactamente los reales o si están inflados para achicar la base imponible del impuesto. Si los costos declarados son altos, el valor boca de mina baja y la provincia recauda menos.
El argumento de quienes defienden este sistema (y la razón por la cual se creó en los años 90) es que, al permitir estas deducciones y garantizar estabilidad fiscal, la provincia “gana” en atracción de inversiones. Falso.
El oro y la plata no tienen valor si se quedan bajo tierra; se requiere de miles de millones de dólares en infraestructura para sacarlos. Bajo esta lógica, la provincia acepta cobrar un porcentaje menor en regalías a cambio de generar empleo local, desarrollo de proveedores subcontratados y el ingreso de otros impuestos (como ingresos brutos o tasas municipales).
Obviamente todo eso está en los papeles; en la práctica nada o muy poco de eso ocurre y el mejor ejemplo es que se incumple la ley 90/10, el compre local y se vulneran muchos principios y promesas que difunden las corporaciones cuando necesitan la licencia social y la provincia de Santa Cruz no ejerce controles estrictos en los proyectos mineros, además que las localidades impactadas no muestran un avance social o en infraestructura acorde a las promesas que hicieron las empresas y el gobierno previo a su instalación; y como si esto no fuera suficiente, cuando se van, dejan todo contaminado, desocupación y el ambiente deteriorado. Paralelamente y vaya a saber si es casualidad o no, los funcionarios del área de minería y ambiente, suelen irse de la función, enriquecidos y alguno de los últimos de la gestión anterior levantó sus pertenencias y dicen que vive cómodamente en una enorme casa en un country de una hermosa provincia argentina.
Lo que Santa Cruz pierde
Por lo tanto, con el esquema del valor “boca de mina“, la provincia pierde ingresos directos por la venta del recurso natural no renovable si se lo compara con un esquema de regalías sobre el valor bruto (como ocurre con el petróleo).
Esta brecha es precisamente la que los legisladores intentaban compensar al proponer una suba del 3% al 5%: sabiendo que el valor “boca de mina” ya licúa los ingresos reales de la provincia; elevar la alícuota sería una forma de recuperar parte de la riqueza minera que se exporta hacia los mercados internacionales.
Si el gobierno provincial tuviera en sus manos el equivalente en dólares a ese 2% de aumento de regalías que vetó el propio Gobernador Vidal, podría sostener un aumento serio para el sector policial, para el docente y/o pagar los aguinaldos sin problemas. Ante estas circunstancias se hace inentendible que el Ejecutivo no haga uso de los recursos genuinos que tiene y sostenga que el endeudamiento, es la única vía para resolver los problemas económicos y financieros de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)
Fuente: OPI Santa Cruz