La senadora nacional por Chubut, Edith Terenzi, votó en contra de la modificación a la Ley de Glaciares impulsada en el Senado y fundamentó su decisión en argumentos constitucionales y ambientales. Como presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sostuvo que el proyecto vulnera principios básicos de protección de los bienes naturales y contradice el esquema federal previsto por la Constitución Nacional.
“Desde el día que asumí en la Comisión de Ambiente dejé clara mi postura: apuesto por el desarrollo productivo sin detrimento de la protección de nuestros recursos”, señaló la legisladora, al explicar que la iniciativa en debate confronta abiertamente con el artículo 41 de la Constitución Nacional, con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con la legislación ambiental vigente.
CUESTIÓN CONSTITUCIONAL Y FEDERALISMO AMBIENTAL
Terenzi rechazó uno de los argumentos centrales del proyecto, que plantea que la actual Ley de Glaciares afectaría el dominio originario de los recursos naturales reconocido a las provincias en el artículo 124 de la Constitución.
Según explicó, la norma vigente no vacía competencias provinciales sino que establece un “piso uniforme de tutela” para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, considerados bienes ambientales estratégicos. En esa línea, recordó que la Corte Suprema ha consolidado un modelo de federalismo ambiental de concertación, en el cual la Nación fija estándares mínimos de protección y las provincias gestionan y complementan esas políticas.
Además, subrayó que la jurisprudencia del máximo tribunal ha establecido la prevalencia de los derechos ambientales colectivos frente a intereses patrimoniales individuales cuando existe tensión entre ambos.
“NO EXISTE TAL AFECTACIÓN A LAS PROVINCIAS”
En síntesis, la senadora afirmó que no existe la supuesta afectación a las provincias que invocan los impulsores de la reforma y advirtió que el proyecto presenta “vicios constitucionales”, desconoce doctrina consolidada de la Corte Suprema y compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
“Resulta incompatible con el orden constitucional ambiental vigente”, concluyó Terenzi al justificar su voto negativo.
La posición de la legisladora chubutense se inscribe en un debate que vuelve a poner en tensión el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental, un eje especialmente sensible en provincias con potencial minero y reservas hídricas estratégicas como Chubut.