La decisión del intendente Othar Macharashvili de adjudicar la concesión del transporte público de pasajeros a la empresa Grupo MR SRL generó un fuerte rechazo en el Concejo Deliberante, donde distintos concejales coincidieron en marcar sorpresa, preocupación y dudas sobre el proceso que terminó desplazando a Patagonia Argentina SRL.
Lejos de ser una definición esperada, la resolución cayó de manera abrupta incluso entre quienes venían reclamando cambios en el sistema. “Nos dejó a todos fríos”, sintetizó el concejal Omar Lattanzio, al cuestionar la rapidez con la que el Ejecutivo cerró la adjudicación en un contexto que todavía estaba atravesado por impugnaciones y sin una definición clara de la comisión evaluadora.
Según planteó, existían alternativas dentro del propio pliego -como dividir el servicio en dos ramales- que hubieran permitido una transición más equilibrada. Sin embargo, el intendente optó por entregar la totalidad del sistema a una sola empresa, en una decisión que, según remarcó, no fue comunicada previamente ni siquiera a actores clave del ámbito institucional.
A pesar de haber sido uno de los más críticos del esquema anterior, Lattanzio evitó validar automáticamente el cambio. “Hasta que no vea los costos que va a presentar la empresa, tampoco voy a decir que estoy contento”, advirtió, y volvió a poner sobre la mesa una denuncia que había presentado por presuntos sobreprecios en el servicio durante los años de concesión de Patagonia Argentina. Según detalló, el análisis de los costos le permitió detectar diferencias millonarias -del orden de los seis millones de dólares- que, a su entender, nunca fueron debidamente controladas por el municipio.
Pero las críticas no se limitaron al pasado. El concejal también expresó preocupación por el futuro inmediato del servicio, especialmente por la complejidad del traspaso operativo. La nueva concesionaria deberá incorporar más de un centenar de unidades, montar infraestructura y comenzar a funcionar en plazos ajustados. En ese escenario, advirtió sobre el riesgo de que cualquier conflicto con la empresa saliente termine afectando directamente a los usuarios: “Mientras se resuelve todo eso, el vecino se queda sin transporte”, planteó.
En la misma línea, el concejal Martín Gómez puso el foco en otro aspecto que dejó al descubierto la decisión: la fragilidad en la comunicación institucional. “Nos enteramos por los medios que el proceso estaba concluido”, señaló, y consideró especialmente grave que incluso el viceintendente no estuviera al tanto de la definición, pese a haber tenido un rol activo en las instancias previas.
Para Gómez, este tipo de situaciones no son aisladas, sino parte de una dinámica que se viene repitiendo en la gestión. “Es un denominador común (…) estos ruidos no benefician a nadie, terminan perjudicando”, sostuvo, al tiempo que planteó la necesidad de corregir estos mecanismos en lo que resta del mandato.
El edil también deslizó dudas sobre el proceso previo a la adjudicación, al mencionar “rumores” y posibles negociaciones, y recordó que el pliego contemplaba otras alternativas que finalmente fueron descartadas. La decisión de concentrar todo el servicio en una sola empresa, en ese contexto, volvió a encender interrogantes.