miércoles, 3 de septiembre de 2025

La concejal de Trelew, Claudia Beatriz Solís, presentó una denuncia penal en la que acusa al expresidente de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Ltda., Jorge Lincheo, y al empresario y excandidato a concejal en la lista de Emanuel Coliñir, Conrado Cayo Torne, de haber montado un esquema de contrataciones irregulares para la reparación de veredas en distintos puntos de la ciudad entre 2022 y 2023 que no se realizaron pero se habrían cobrado.

Según la presentación, la empresa de Torne emitió facturas consecutivas por montos elevados para supuestas obras de reparación que jamás se ejecutaron, situación que Solís asegura haber constatado personalmente y que también se refleja en informes de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano.

La denuncia sostiene que no existen contratos formales, licitaciones, certificados de obra ni inspecciones municipales, requisitos exigidos por la Ordenanza N.° 4780 que regula la inscripción de empresas constructoras en el municipio. Además, las facturas detallan direcciones de veredas en mal estado que nunca fueron intervenidas.

Entre los documentos acompañados figuran facturas por sumas que oscilan entre los $141 mil y los $437 mil, todas respaldadas por órdenes de compra firmadas por directivos de la Cooperativa. La edil apuntó que la numeración correlativa de las facturas resulta impropia de una empresa con actividad real y refuerza la sospecha de un mecanismo de simulación.

Solís advirtió que la operatoria habría tenido como verdadero objetivo financiar la campaña electoral de 2023, en la que Torne integró la lista de concejales que encabezó el entonces candidato a intendente Emanuel Coliñir. “Yo creería que esos fondos se desviaron hacia la publicidad y la campaña local”, afirmó la concejal, aunque remarcó que la investigación deberá avanzar en sede judicial.

La presentación judicial encuadra los hechos en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265 del Código Penal) y, de manera subsidiaria, en administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7).

“La maniobra no solo provocó un perjuicio patrimonial a la Cooperativa, que ya atraviesa una crisis económica, sino que también dañó la confianza de los vecinos en una institución que debería resguardar el interés público”, expresó la concejal en su escrito.

De avanzar, la investigación deberá determinar el grado de responsabilidad del ex presidente Lincheo y de Torne, señalado como beneficiario directo de los fondos.

“Esto afecta al patrimonio de la entidad. Son fondos que se pagaron y nunca se aplicaron a las obras que necesitaba la ciudad”, concluyó Solis.

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