Un grupo de más de treinta vecinos autoconvocados de Rawson presentó ante la Justicia una acción de amparo para frenar el aumento de tarifas dispuesto por la Cooperativa Eléctrica a partir de la Ordenanza N° 9281, aprobada en septiembre por el Concejo Deliberante. La medida solicita la nulidad de esa norma y la inconstitucionalidad del nuevo cuadro tarifario, además de la eliminación de ítems prohibidos por la normativa nacional que continúan siendo incluidos en las boletas mensuales.
Patrocinados por la abogada Layla Manllauix, los firmantes sostienen que la ordenanza municipal introdujo subas arbitrarias e irracionales, sin estudios técnicos ni convocatoria a audiencia pública, lo que constituye una violación a los derechos constitucionales de los usuarios y al régimen legal que regula los servicios públicos esenciales.
El centro del reclamo es la creación del Valor Agregado de Distribución Fijo (VADF), un nuevo concepto que se incorporó como cargo fijo en las facturas y que varía según el nivel de ingresos del usuario: entre 15.000 y 26.000 pesos mensuales. También se incrementó progresivamente el costo del alumbrado público, que pasará de 1.572 a 3.300 pesos en noviembre.
Los vecinos denuncian que estos aumentos fueron aplicados incluso en boletas correspondientes a consumos anteriores a la entrada en vigencia de la ordenanza, lo que califican como una aplicación retroactiva indebida. En algunos casos, los aumentos llegan al 300%, con boletas que pasaron de 70.000 a más de 120.000 pesos sin que haya variaciones significativas en el consumo.
Cargos prohibidos por resolución nacional
El amparo también solicita la eliminación de varios ítems que continúan facturándose pese a estar expresamente prohibidos por la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, vigente desde octubre del año pasado. Entre esos conceptos figuran el Fondo Ley Provincial 1098, la Ley I Nº 539, la tasa del ENRE Chubut, la Estación Repetidora de Radio Nacional y los gastos de emisión de boleta.
Para los vecinos, la continuidad de estos cobros representa un incumplimiento deliberado de la normativa nacional, y sostienen que podrían configurar el delito de exacciones ilegales.
Incumplimientos previos, intervención y conflicto social
En el escrito se recuerda que la Cooperativa no actualizaba sus tarifas desde 2023 según su versión, pero que en los últimos seis meses, desde la intervención judicial impulsada por el intendente Damián Biss, se autorizaron incrementos acumulados superiores al 200%, sin que se haya saldado la deuda con CAMMESA, ni mejorado el servicio.
La crisis derivó en una serie de protestas vecinales, la toma del Concejo Deliberante, intervención policial, y una reunión de urgencia con la Justicia Federal. Como medida paliativa, se resolvió suspender cortes de servicio, postergar nuevas facturaciones y ofrecer planes de pago sin recargo, pero no se derogó la ordenanza cuestionada.
Argumentos legales
La presentación sostiene que el aumento fue aprobado sin audiencia pública, en contravención a lo dispuesto por la Ley 24.065 y fallos de la Corte Suprema que exigen mecanismos de participación para cambios tarifarios de esta magnitud. Además, considera que los incrementos son irracionales, desproporcionados y sin justificación técnica o socioeconómica.
Se invocan precedentes de la Corte como “CEPIS”, “Halabi” y “Municipalidad de Escobar”, que fortalecen el derecho a una tarifa justa y a la participación ciudadana en la regulación de servicios esenciales.
Qué piden los vecinos
Entre los pedidos concretos del amparo se destacan:
- La nulidad e inconstitucionalidad de la Ordenanza 9281
- La exclusión de todo cargo ajeno a los servicios públicos esenciales
- La suspensión de las nuevas tarifas y el retorno al cuadro anterior (Ordenanza 8457)
- La eliminación de tasas prohibidas por la Resolución 267/2024
- El reconocimiento de la legitimación colectiva y del caso federal ante la Corte Suprema si no prospera en instancias locales
El expediente destaca además que la situación tarifaria actual afecta gravemente a los sectores más vulnerables de Rawson, en un contexto donde más del 40% de la población local está por debajo de la línea de pobreza.
AMPARO ENERGIA ELECTRICA (1)