El ministro de Economía, Oscar “letras y comisiones” Antonena, está decidido a privatizar la recaudación de la Dirección General de Rentas a cualquier costo con el argumento de que mejora de manera substancial.
Algunos mal pensados de su propio ministerio murmuran por lo bajo que “lo único que mejoró mucho fue su recaudación personal. Ahora está desesperado por cerrar el acuerdo con Karstec para poder irse tranquilo a un cargo en el Superior Tribunal de Justicia”
Para lograr el objetivo de privatizar la recaudación provincial, Antonena cuenta con el apoyo incondicional del Contador Gerardo Minnard, Director General de Rentas y hombre clave en este arduo trabajo ya que cuenta con la habilidad de acomodar su discurso de acuerdo a los interlocutores. Cuando habla con los empleados de Rentas les dice que “estén tranquilos, que la verdad es que ni yo sé bien si estoy de acuerdo con esto”. Mientras que cuando habla con Antonena le asegura: “No te calientes con los que se quejan en Rentas, son 120 boludos de los cuales 20 o 30 loquitos son los que joden y los tengo controlados”.
Sin embargo, los trabajadores del organismo saben del doble discurso del funcionario y no se prestan a su juego. También son conscientes de que los espían, hace unos días, muchos salieron del grupo de WhatsApp del trabajo porque saben que hay infiltrados que pasan información “hacia arriba”.
A su vez, cuando habla con los diputados, Minnard les dice que “no hay que preocuparse, lo que se busca con la empresa no es privatizar sino adquirir es un simple software“. Pero en la práctica se fue a Córdoba a recorrer la empresa y ver como trabajaba, acompañado por el Director de Fiscalización, Cristian Rodríguez, y al regreso comentó entre los trabajadores de Rentas que es “muy interesante el trabajo que realiza, la idea es trabajar en paralelo y más adelante, ustedes trabajarán directamente desde sus casas”.
Karstec y Minnard
Karstec realizó un detallado informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Rentas, que le encargó el Banco del Chubut. En el mismo, se destaca un fragmento donde se hacen referencia a Minnard de la siguiente manera: “El contador se puso a disposición de la empresa y respondió a todas las preguntas realizadas”.
A buen entendedor pocas palabras, está claro que el caballo del comisario está elegido y la desesperación por cerrar rápido los acuerdos es clave para Antonena, antes de su ansiado pase al Superior Tribunal de Justicia.
En uno de los puntos, el informe de la empresa se refiera al Registro de propiedad inmueble y sostiene que “la DGR posee a una persona efectuando trabajo manual de depuración con el objetivo de encontrar titulares registrables de los inmuebles. Que la misma no ha llevado adelante tareas de actualización”.
Más adelante afirma que en la Secretaría de Pesca “se otorgan permisos sin el certificado de pesca que exige la DGR” y reconoce que “no existe relación institucional entre ambos organismos y no comparten una base de datos con información relevante”. Y a continuación resalta que el Rentas no tiene relación con el Ministerio de Hidrocarburos, “la información que pueda poseer no se estaría compartiendo totalmente” y que la “información que se comparte no está sistematizada”.
Es llamativo que la Dirección de Rentas, en su relación con el Ministerio de Hidrocarburos, nunca intentó verificar la producción porque es terreno privado de los operadores de turno y los pagos de impuestos se hacen a través de declaraciones juradas autodeterminadas. O sea, lo que la empresa declara.
El informe sostiene además:
- la Dirección de Regalías cuenta con escasez de personal: solo cuatro personas.
- inexistencia de Web Service que nutren la base de datos de la DGR y permitan una relación fluida.
- Las DDJJ elaboradas por las empresas se reciben por mail y se cargan manualmente a un sistema informático que no funciona correctamente
- La información de las DDJJ cargada en el sistema debe bajarse a planillas Excel para depurar los datos incorrectos. Trabajo que se hace manualmente
Sobre el impuesto inmobiliario rural, la consultora asegura que es un tributo que no se liquidó durante 16 años. ¿Que hizo Arcioni en los 6 años que lleva en el poder? Ni hablar de los 3 años del Ministro Antonena.
Los empleados de Rentas cuando que hace un tiempo fueron a Catastro para hacer verificaciones para el impuesto inmobiliario y se encontraron con equipos informáticos extremadamente viejos y que hacían más ruido que una topadora.
Inteligencia fiscal
“Poseen un área de verificación que cuenta con 3 personas, por lo que el área tiene una capacidad muy acotada. No hay cruces masivos de datos, por ende todo el análisis se efectúa manualmente y caso por caso”.
La perla de los argumentos es la necesidad de derogar el FAP (fondo ambiental pesquero) ya que nunca se cobró. Se podrían esgrimir muchos argumentos para derogar ese impuesto ambiental, pero sostener que se debe drogar porque no se cobró es, al menos, insólito. Con ese argumento, los impuestos inmobiliarios que no se cobran, los ingresos brutos atrasados o cualquier tasa que no se haya cobrado, debería derogarse también.
Un dato más que llamativo es la cantidad de abogados que tiene la DGR, en total de siete (Raúl Calatayud, María Mercedes Zunino, Roberto Guillermo Williams, Andrea Cerra, Lorena Viviana Coria, Gerardo Ratti y Roberto Alonso) y ninguno defendió los intereses de la entidad y mucho menos a los empleados maltratados.
En resumidas cuentas, el informe plantea situaciones que están a la vista de todos y que necesitan de estos desinteresados genios de la recaudación para ser descubiertas. Que los organismos provinciales no estén interconectados no es difícil de ver ni de entender, es la manera que tienen los funcionarios para mantener sus propios kioscos. El único que conoce a todos es el “San Mateo del gobierno”, que no deja pasar una, y recauda de cada kiosco.
Hace dos semanas, Antonena estuvo en Legislatura y le aseguró a los diputados que consiguió 3 millones de dólares del Banco interamericano de Desarrollo (BID) para comprar equipamiento para la Dirección General de Rentas y Catastro. ¿Lo usará para eso o se perderá en algún pasillo que nadie sabe hacia dónde conduce?
Indudablemente el Gobierno de Mariano Arcioni dejó de invertir en la Dirección General de Rentas con el objetivo de generar carencia de recursos tecnológicos y humanos y de esta manera crear el escenario propicio para que no funcione y poder privatizarla.