lunes, 7 de octubre de 2024


El arreglo y mantenimiento de unas 70 calderas de establecimientos educativos podría terminar en un nuevo escándalo que dejaría al descubierto la irresponsabilidad y mala gestión del gobierno de Mariano Arcioni.
En el afán de mostrar escuelas en funcionamiento y amparado en la emergencia de los establecimientos educativos, el gobierno anterior adjudicó de forma directa obras de arreglo y mantenimiento de calderas de 70 de escuelas de distintas localidades de la provincia a una única empresa, que ni bien inició los trabajos se encontró con problemas mucho más graves y costosos que los que les habían planteado.
El responsable de la empresa adjudicataria solicitó mayores costos para culminar los trabajos y, según pudo averiguar La Voz de Chubut, el entonces ministro de Planificación, Gustavo Aguilera, le habría dicho que avance con los arreglos, que “luego te lo compensamos”, por lo que no le podían autorizar mayores costos y solo le abonarían lo que decía el contrato.
Confiando en la palabra del ministro, la empresa avanzó en las reparaciones sin embargo los pagos y las compensaciones no llegaron. Con el cambio de gobierno en diciembre pasado, el empresario volvió a presentarse a reclamar lo adeudado más lo prometido. Cuando las nuevas autoridades de Obras Públicas revisaron el contrato descubrieron que estaba hecho bajo el sistema de “Ajuste Alzado”, el cual establece que “la empresa contratada, bajo ningún pretexto, puede pedir aumento en el precio” por lo que solo podían abonarle lo que estaba firmado en el contrato.
Disgustado por la situación, el empresario cercano a la gestión de Arcioni habría retirado los controladores de las calderas dejando a los equipos sin poder funcionar.
El gobierno de Ignacio Torres estaría por presentar una denunciar penal contra los responsables de Obras Públicas del gobierno de Arcioni, mientras estudia algunas alternativas que ayuden a destrabar este obstáculo legal que provocó que 70 escuelas de la provincia estén hoy sin calefacción. Inconvenientes que forman parte del campo minado que Arcioni dejó al gobierno de Torres.

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