El escándalo por los subsidios truchos de la Secretaría de Trabajo y los supuestos retornos a algunos exfuncionarios de esa cartera durante el gobierno de Mariano Arcino continúa creciendo.
El fiscal anticorrupción, Diego Carmona, quien denunció a los responsables de la cooperativa de trabajo OBED EDOM, de Trelew, por presentar facturas truchas y resúmenes bancarios adulterados, indicó que personas de “la Secretaría de Trabajo hacían de gestores ante el Tribunal de Cuentas para rendir los gastos de algunas cooperativas”.
Según la investigación, los responsables de las cooperativas debían abonar a los funcionarios hasta el 50 por ciento del subsidio que les era otorgado. El problema comenzaba cuando las cooperativas debían rendir ante el Tribunal de Cuentas los gastos por el 100% de dinero supuestamente recibido, ahí desde la Secretaría de Trabajo habrían aportado facturas apócrifas.
“Detectamos que desde la Secretaría de Trabajo se acredita una factura que era de aproximadamente 500 mil pesos. Lo primero que hace el Tribunal de Cuentas es verificar la validez, y la AFIP dice, ‘esta factura que usted me está pidiendo, con estos datos, tiene inconsistencias’. Entonces el Tribunal de Cuentas le pide directamente al emisor de la factura, al vendedor, que le pase la factura original y cuando le pasa el vendedor el original de la factura, era de 5 mil pesos”, aseguró Carmona.
Y ejemplificó: “Una cosa es que a mí me entregaron un subsidio de $100.000 y resulta que tengo solamente una factura por $50.000 porque el resto no lo gasté o se me perdió. Bueno, ¿qué hace el Tribunal de Cuentas? Me dice, ‘usted como no me puede rendir, me tiene que devolver la plata’. Ahora, si yo lo que hice fue presentar una factura que dice que gasté en determinado producto y resulta que el Tribunal de Cuentas o la Oficina Anticorrupción después determinan que esa factura es trucha, ahí ya estoy cometiendo un delito. Entonces ahí empieza la investigación para ver qué hice yo con ese dinero. En este caso hay alguna inconsistencia que puede terminar en una falsificación de documentación o en una estafa hacia el Estado”.
El fiscal afirmó que los recursos para los subsidios provenían de “los programas de fortalecimiento institucional o fortalecimiento laboral, que surge del 8 por 1.000 que recauda la Secretaría de Trabajo”.