En la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, el Estado Nacional avanzó en la construcción de 900 viviendas en Chubut de las cuales solo 140 están supervisadas por el Instituto Provincial de la Vivienda, las restantes 760 fueron gestionadas y administradas directamente por organizaciones sociales, cooperativas, ONGs y hasta personas afines al gobierno.
“Tuve una reunión con funcionarios de Nación y me mostraron un reporte muy detallado de las viviendas que se estaban construyendo en Chubut con fondos provistos por ellos donde consta que son un total de 900, que hoy están paralizadas. Lo llamativo es que de ese total, solo 140 pasaban por el IPV”, expresó el secretario de Obras Públicas, Nicolás Cittadini.
Las restantes viviendas, que presentan distintos niveles de avances, fueron gestionadas y estaban siendo construidas por organizaciones sociales, cooperativas, ONGs, y hasta dirigentes “progresistas” con llegada al gobierno de Alberto Fernández. “Todo esto provocó un desorden importante”, aseguró Cittadini y explicó que no había forma de tener un control sobre el destino de los fondos ni podían hacer un seguimiento de las obras ya que estaban al margen del IPV.
Algunos dirigentes sociales crearon ONGs y llegaron a administrar la construcción de hasta 200 viviendas. “Nación bajaba los fondos a través de distintos programas, Procrear, PROMEBA, Reconstruir, Casa Propia, y algunas directamente ONG que habían nombrado gente, personas, y tenían contactos políticos y gestionaban obras de viviendas de Nación”, afirmó el Secretario.
La empresa constructora Suldelco, por ejemplo, tramitó en Buenos Aires 200 viviendas para construir, y el empresario de la construcción Areta, a través de una ONG, y con el MOCARA, eran gestores directos.
Fideicomiso
“Cuando consultamos si iban a retomaban con la construcción de estas viviendas, nos dijeron que tenían un saldo en todo el país de seis billones de pesos. Y hubo un presupuesto de una séptima parte, por lo cual, no iban a poder continuar con las obras, con la gran mayoría, así que les propusimos cedan las obras”, relató Cittadini.
El gobierno de Ignacio Torres pretende conformar un fideicomiso para avanzar con la construcción de esas viviendas, ya que muchas presentan un alto porcentaje de avance de obra.
“Se creó un Fideicomiso en el Banco Chubut, la provincia va a inyectar dinero y la idea es sortear las que están muy avanzadas y que los adjudicatarios ya empiecen a pagar sus cuotas sabiendo que en dos o tres meses se termina esa casa y ya es suya”, afirmó Cittadini, quien además adelantó que “las cuota rondarán los 90 o 90 mil pesos”.
Algunos conocedores del tema aseguran que si la provincia se hace cargo de esas viviendas que estaban fuera de sus registros oficiales más que soluciones se va a comprar problemas.