miércoles, 11 de diciembre de 2024

Magaluf, la meca del turismo de excesos en Mallorca. El sol declina y cae sobre el horizonte mediterráneo en una tarde cálida de 2019. En el piso superior de un hotel de discutible lujo, dos niñas posan en bikini en un jacuzzi del establecimiento, donde les ha citado un hombre de 38 años. Mientras, sujetan un fajo de billetes dispuesto en forma de abanico. Una de ellas se intenta tapar el rostro con él mientras la otra fija su mirada en el dinero.

No sólo eran menores de edad. Eran chicas tuteladas por el gobierno, que habían sido apartadas de sus familias para, teóricamente, ser sometidas a control y protección de la Administración pública balear con el malogrado fin de alejarlas de malas influencias y acercarlas a una vida mejor.

Sin embargo, la teoría se hace añicos en la azotea de ese hotel, ubicado en un conflictivo gueto turístico marcado por las noches de alcohol, drogas, sexo y criminalidad. Estando bajo tutela de la administración, una decena de chicas menores de edad han sido víctimas durante los últimos años de abuso sexual, explotadas a cambio de dinero en una red de prostitución de menores.

Es el mayor escándalo de los últimos años en Baleares, que obligó al Gobierno que preside la socialista Francina Armengol a dar explicaciones públicas hace dos años, y a la Fiscalía a abrir una investigación sobre lo ocurrido.

Imágenes como aquella, que forman parte de la investigación judicial abierta en 2020 y que todavía está viva en los tribunales, constituyen uno de los rastros documentales que ha dejado la trama delictiva organizada en torno a estas niñas. Chicas vulnerables, víctimas de una treintena de hombres que pagaban a cambio de sexo o por realizar aberrantes prácticas sadomasoquistas, a sabiendas de que las niñas eran menores con problemas. En algún caso, iban a recogerlas de los colegios.

Hay también otras pruebas testimoniales aportadas a las pesquisas policiales, recabadas con exhaustividad por la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que en el último año ha asestado tres redadas para detener a los principales sospechosos, hombres de entre 20 y 70 años de edad.

RELATO EN PRIMERA PERSONA

Siguiendo el rastro de la trama, se han incautado también de documentos demoledores, espeluznantes testimonios en primera persona. Relatos de las propias menores sobre lo que hacían cuando estaban inmersas en una espiral de drogas, dinero y prostitución en mitad de una palpable falta de control.

Lo ejemplifica la elocuente carta escrita por una de esas chicas, en cuyas líneas se sinceraba y explicaba su historia. «Así empecé a prostituirme», reza su carta, impropiamente cruda para una niña que en ese momento apenas tenía 16 años.

Con la redondez característica de la caligrafía infantil, esas cuatro palabras atroces fueron manuscritas en el verano de 2019. Por una menor tutelada desde 2016 que, de su puño y letra, contaba su experiencia a una de sus mejores amigas, otra niña también tutelada con la que había coincidido en un internado, y a la que apodaba de forma pueril «mi pequeño saltamontes». En esas líneas le exponía con pasmosa naturalidad «el mundo» de sexo, dinero y vejaciones y abusos en el que estaba «metida».

«Yo no lo hacía por gusto sino porque la única opción que me quedaba era buscarme un trabajo en negro, limpiando casas de viejos por 6 euros la hora, al lado de los 100 [euros] que me ganaba tranquilamente en media hora», le explicaba la menor a su amiga en una de las cuartillas, escritas a folio completo, cuidadosamente numeradas.

Las cartas fueron redactadas con la sintaxis propia de una adolescente. Pero están trufadas de alusiones a drogas («cocaína», «cristal», «porros»), a fiestas, a relaciones con «degenerados» y a amistades peligrosas: adultos que las corrompían, mujeres que se dedicaban a la prostitución y ganaban «100 euros en 15 minutos» por «poner el culo».

Fueron escritas mientras la menor estaba en un centro de menores de Palma, con el régimen de salidas restringido. Sintiéndose «muy sola y realmente mal», con la sensación de que «allí dentro nunca» iba a «poder estar bien».

SUEÑOS ROTOS

Por momentos, esas líneas desprenden algo de esperanza, la ensoñación de poder llevar una vida normal. «Quiero centrarme en sacarme el carné ya que aquí hacemos autoescuela y estoy haciéndome ideas de, en un futuro, dedicarme a la peluquería canina o estudiar un FP de veterinaria auxiliar». Paralelamente, sin embargo, se vislumbra el abismo, el afán de obtener dinero aún a costa de ser «desagradablemente» prostituida.

La autora de las cartas había sufrido abusos sexuales en parques, pisos y hoteles. A cambio, le daban dinero y drogas. O regalos, algunos únicamente valiosos para una persona de su corta edad, como móviles, «toblerones» o «una colonia ‘Versachi’ (sic)».

«En el momento de hacerlo era desagradable», explica la chica en su descarnado relato, en referencia a las prácticas sexuales o masoquistas que pedían los hombres que contactaban con ella. «Pero luego era feliz con la platica -el dinerito-», apostilla. «Me sentía como en [la serie televisiva] Sin senos no hay paraíso…me compraba mi ropita, me pagaba mis fiestas, me sentía independiente».

 

La carta forma parte de la información a la que ha tenido acceso en exclusiva Crónica y fue el germen de la investigación policial y judicial abierta en Mallorca contra el entramado de explotación sexual de menores que había desembocado en la prostitución reiterada de niñas bajo la tutela de diferentes administraciones públicas insulares. Chicas vulnerables a las que adultos accedían generalmente por mensajes de móvil o merced a la intermediación de otras menores a las que pedían que les consiguieran «niñas».

LO INVESTIGA LA UE

Es un escándalo de amplia y profunda trascendencia pública, tanta que incluso el Parlamento Europeo ha tenido que intervenir y está en estos momentos confeccionando un dictamen sobre el asunto, en base a la investigación desarrollada sobre el terreno el pasado mes de abril por una comitiva de europarlamentarios.

«Se podía tener sexo con menores por 20 euros, es terrible, hay que acabar con esto», declaró a este diario, visiblemente escandalizado, el europarlamentario alemán Peter Jahr, portavoz de aquella comitiva de políticos, tras entrevistarse con policías y educadores.

El asunto ha centrado el debate político durante los dos últimos años, tras estallar el 8 de enero de 2020, fecha en la que trascendió que una menor tutelada había sido violada por una manada de cinco jóvenes en una infravivienda de Palma, mientras se hallaba fugada.

La oposición política balear pidió en dos ocasiones la creación de una comisión parlamentaria de investigación, pero los partidos del gobierno autonómico que lidera el PSOE se opusieron.

Las cartas y comunicaciones de las menores víctimas (cuya identidad este periódico preserva) son un testimonio inédito sobre los hechos mientras estaban a cargo del sistema público de tutela. Algunas de las chicas son investigadas a su vez por haber captado y convencido a otras niñas en su misma situación para que siguieran sus pasos.

Una de ellas explica en su relato cómo se vio inmersa en el mundo de lo que ella misma califica como «prostitución», aunque los investigadores lo tipifican claramente como corrupción de menores y subrayan que las niñas eran víctimas de un grupo de adultos sin vínculos entre ellos.

La adolescente narra cómo estuvo refugiada en casa de una amiga, viviendo del dinero que le ingresaba un hombre de origen nigeriano al que apodaban «conguito». «Un día fui a casa de un degenerado a ducharme delante suya y me cambió el pusy [referencia a la ropa interior] por 100 euros; a otro por 50 euros le pegué y le escupí…y así empecé a prostituirme».

Para aquellos contactos iniciales, según la investigación, utilizaron una página web llamada pasion.com, donde algunas de las chicas insertaban o buscaban anuncios. El sitio se define como la «web de anuncios de contactos más popular de España».

A partir de allí, entre reclamos de «hombres, mujeres, gays y transexuales», entablaban relación con hombres a las que las propias chicas calificaban como «degenerados», hasta el punto de que una de ellas grababa en la agenda de su móvil sus teléfonos con ese término genérico: degenerado1, degenerado2…y así hasta 15.

LA INVESTIGACIÓN

El rastreo de los móviles ha sido determinante para las pesquisas policiales.

El origen de la investigación se sitúa en la medianoche del lunes 15 de junio de 2020. Era una noche de verano más en el cuartel de la Guardia Civil de Santanyí, una tranquila y pequeña localidad del sur de Mallorca.

De pronto, la calma se alteró con una visita inesperada. Y alarmante. El responsable de un centro de menores de la isla acudía azorado para denunciar que una de las internas, una chica de 16 años, había salido para disfrutar de un permiso de fin de semana pero que, tras ir a casa de un familiar, se había fugado, y no se había presentado de vuelta en el centro a la hora convenida. Según se supo luego, la niña había discutido con su familiar por una cuestión doméstica. Y se fugó.

Se le puso en busca y captura. Doce días después, y tras la información suministrada por el padre de una compañera del centro que avisó de que la chica podía estar siendo prostituida, un grupo de agentes de la Policía Nacional localizó a la niña en el barrio de Pere Garau, en Palma.

Estaba en casa de un hombre de nacionalidad inglesa de 69 años. Al ser abordado por la Policía, el hombre balbuceó falsas coartadas, diciendo que la chica era la nieta de un amigo suyo, siendo incapaz de dar siquiera el nombre de ese supuesto amigo. La niña estaba allí, en casa de aquel desconocido. En el momento del registro de la vivienda, la chica intentó disimuladamente manipular su teléfono móvil. Eso llevó a los investigadores a sospechar que en el teléfono podría haber pruebas de una posible trama de prostitución infantil. No se equivocaban.

Con los teléfonos los agentes han ido reuniendo pruebas contra los agresores, entre ellos el hombre que habitaba la casa donde se halló a la menor fugada. Los acusados están en su mayoría pendientes de juicio. Uno fue condenado a prisión.

 

En casa del familiar de aquella menor fugada fueron halladas además las cartas manuscritas remitidas por otra de las internas, documentos clave en los que se aludía a la prostitución y se apuntaba que las chicas estaban inmersas en una espiral de abusos a menores que desde hace dos años y medio sacude la conciencia de la sociedad balear y la imagen de su gobierno. Las cartas datan de 2019, un año antes de que el escándalo fuese admitido por el Govern que preside la socialista Armengol.

Los agentes de la Policía Judicial han ido desovillando el caso en una investigación muy compleja. Uno de los principales escollos es la dificultad de que las chicas presten testimonio, lo que obliga a reconstruir los hechos con otras pruebas, que dan la medida de la gravedad de lo que estaba ocurriendo bajo el manto de opacidad de las instituciones públicas de las Islas.

OTROS DELITOS

De manera provisional, la UFAM de la Policía Nacional concluye que las chicas «no sólo mantenían relaciones sexuales y/o sadomasoquistas a través de las citadas páginas web sino que conseguían otros contactos a través de amigas/os y conocidas/os, tanto mayores como menores de edad».

«De tal forma», prosiguen los investigadores, «que se establecía una red en la que unas se pasaban contactos de varones a las otras y viceversa y/o se aconsejaban las actividades a realizar y las tarifas a solicitar con el fin de obtener el máximo beneficio posible».

Los ingresos que conseguían las menores tuteladas mediante la prostitución «iba destinado a la compra de ropa, droga, comida y entradas para eventos lúdicos». La Policía también ha documentado que algunas de estas menores desarrollaron otras «actividades ilícitas tales como robar, vender sustancias estupefacientes, extorsionar o chantajear a varones, prostituirse y, la más grave, captar a otras menores para tal fin». «Es decir, inducir, promover, favorecer y facilitar la prostitución de otras menores de edad».

La Policía señala que quienes participaron en estas prácticas siendo mayores de edad «habrían cometido un delito de explotación sexual infantil» en el que las menores tuteladas por la Administración pública balear, que minimiza su responsabilidad en este monumental escándalo, simplemente «serían las víctimas».

Hasta la fecha, ningún cargo público ha dimitido. El Govern de Armengol realizó una auditoría externa con expertos para mejorar el sistema público de tutela y el Consell de Mallorca acogió una comisión política para analizarlo. La presidenta balear sostiene que es un grave problema de gran complejidad social «que existe en todo el mundo, no sólo en Baleares», defiende que su gobierno ha trabajado activamente para paliarlo y que la Policía ha contado con la colaboración crucial de los técnicos del Govern.

Compartir.

Dejar un comentario