El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, se refirió a la reciente aprobación en el Congreso de la Nación de la ley que reduce la edad de punibilidad y sostuvo que, más allá de las discusiones jurídicas, el Estado no puede permanecer pasivo frente a delitos graves cometidos por menores.
“El Poder Legislativo entendió que era un momento oportuno para reducir la edad de punibilidad. Yo creo que es adecuado. Lo que no se puede permitir es que sigan quedando situaciones de impunidad”, afirmó.
EL CASO RECIENTE EN COMODORO
El ministro vinculó la discusión con un hecho ocurrido recientemente en Comodoro Rivadavia, donde un menor de 14 años asesinó de un disparo en la cabeza a un comerciante.
“Un chico que mata a los catorce años dolosamente porque tenía ganas de matar, el Estado no puede mantenerse inerte ante esa situación”, sostuvo.
En ese sentido, cuestionó la falta de intervención institucional previa, pese a que existían advertencias sobre la conducta violenta del menor.
“NO SE TRATA SOLO DE LA EDAD, SINO DE LA GRAVEDAD DEL HECHO”
Para Iturrioz, la discusión no debería centrarse exclusivamente en la edad del autor del delito, sino en la gravedad del hecho cometido. “Como ocurre en muchos países de habla inglesa, no se habla tanto de la edad del autor sino de la gravedad del hecho. Cuando se trata de delitos graves, el Estado tiene que intervenir”, explicó.
El ministro remarcó además que la legislación anterior ya establecía que los jueces debían intervenir cuando un menor no punible participaba en un delito, aunque en la práctica esa intervención muchas veces no se cumplía.
“La policía informaba que había detenido a un menor no punible y se le ordenaba liberarlo. Ninguna intervención se tomaba”, recordó.
LAS LEYES POR SÍ SOLAS NO BAJAN EL DELITO
Iturrioz también relativizó el impacto que una reforma legal puede tener por sí sola en la reducción del delito juvenil.
“Las leyes no contribuyen a bajar el delito. Lo que contribuye es que quienes tenemos que aplicarlas hagamos que se cumplan. La ley es una herramienta”, señaló.
En ese sentido, advirtió que el sistema judicial y las instituciones del Estado deben actuar de manera coordinada para que las normas tengan efecto.
FALTA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS
Otro de los puntos señalados por el ministro es la falta de infraestructura adecuada para alojar y tratar a menores en conflicto con la ley penal.
“No, no la hay”, respondió cuando se le preguntó si existen instalaciones suficientes para aplicar el nuevo régimen.
Si bien la ley prevé la asignación de recursos para este fin, Iturrioz manifestó dudas sobre su cumplimiento y recordó antecedentes como la desfederalización del narcomenudeo, donde —según afirmó— los fondos prometidos por Nación nunca llegaron a las provincias.
DELITOS GRAVES: UNA PROBLEMÁTICA QUE SE MANTIENE
En cuanto a las estadísticas, el ministro indicó que la participación de menores en delitos graves no ha crecido significativamente en los últimos años, aunque se mantiene de manera constante.
“La criminalidad de menores no ha aumentado, se mantiene en parámetros constantes. Pero sí ocurre que cada año o cada dos años aparece un menor involucrado en un delito grave”, explicó.
Para el titular de la cartera de Seguridad, esos casos son los que ponen en evidencia la necesidad de una respuesta estatal más efectiva. “Cuando el Estado no interviene frente a hechos de esa gravedad, estamos en un problema”, concluyó.
Nota elaborada en base a declaraciones de LU20