La presidenta del Consejo de la Magistratura de Chubut, Lucía Pettinari, se refirió al video que comenzó a circular en redes sociales y que mostraría a un abogado recibiendo 12 millones de pesos de parte de la madre de un imputado, presuntamente para morigerar la pena de su hijo.
Según explicó, el organismo no puede intervenir de oficio ante este tipo de situaciones, aunque la fiscal Julieta Gamarra se encuentra actualmente bajo evaluación por sus primeros tres años de desempeño, lo que habilita a que el episodio sea considerado dentro de ese proceso.
EL CONSEJO NO ACTÚA DE OFICIO
Pettinari explicó que el Consejo de la Magistratura solo interviene a partir de una denuncia formal. “El Consejo de la Magistratura no actúa de oficio. Para iniciar un proceso debe existir una denuncia formal, que luego es analizada por una comisión de admisibilidad que decide si corresponde o no abrir un sumario”, señaló.
En ese sentido, indicó que la única magistrada involucrada en el caso sería la fiscal Gamarra, por lo que cualquier investigación disciplinaria requeriría una presentación formal de un ciudadano, una institución o de autoridades del propio sistema judicial.
LA EVALUACIÓN DE LOS TRES AÑOS
Sin embargo, la presidenta del organismo aclaró que Gamarra se encuentra actualmente bajo evaluación por sus primeros tres años de ejercicio en el cargo, un procedimiento obligatorio para todos los magistrados recién designados.
Durante ese proceso, una comisión evaluadora integrada por cuatro consejeros analiza el desempeño integral del funcionario judicial. “Se evalúa todo: las causas en las que intervino, su actuación, licencias, la relación con el personal y cualquier situación relevante que haya surgido durante ese período”, explicó.
Por ese motivo, Pettinari indicó que la aparición del video también podría ser considerada dentro de esa evaluación global. “Si surge este hecho y toma estado público, claramente también puede ser analizado dentro de la evaluación de los tres años”, afirmó.
INVESTIGACIÓN PENAL EN MARCHA
La titular del Consejo también se refirió a la denuncia presentada por el procurador general Jorge Miquelarena, quien acudió a la justicia para que se investigue el caso. Según explicó, los funcionarios judiciales tienen la obligación de denunciar hechos que puedan afectar su honor o su función institucional.
“Si esto sucedió o no sucedió lo tendrá que determinar indefectiblemente la justicia penal”, remarcó.
“ME INDIGNA”
Más allá de las cuestiones institucionales, Pettinari expresó su malestar personal por lo ocurrido. “Me indigna. Me indigna la situación de la madre llevando dinero con la esperanza de mejorar la situación de su hijo”, sostuvo.
Para la presidenta del Consejo, el escenario resulta grave tanto si el hecho fuera real como si se tratara de una maniobra fraudulenta.
“Si es real, es un problema enorme. Y si no es real, también es un problema, porque sería aprovecharse de la desesperación de una madre o incluso ensuciar a funcionarios del sistema judicial”, afirmó.
En ese sentido, consideró que la investigación deberá abordar todas las aristas del caso, incluida la eventual responsabilidad profesional del abogado involucrado.
“La investigación no puede ser liviana. Habrá que analizar varias aristas, incluso la actuación del abogado”, concluyó.
Nota elaborada en base a declaraciones a LU20