Cuando el 19 de enero el ERP dispuso cien de sus hombres para asaltar el Regimiento de Blindados C-10 de Azul, justo la localidad de donde era oriundo Bidegain, Perón se puso el uniforme militar y en cadena nacional transmitió que esas acciones se producían en “determinadas jurisdicciones; es indudable que ello obedece a una impunidad en la que la desaprensión e incapacidad la hacen posible, o lo que sería aún peor, si mediara, como se sospecha, tolerancia culposa”.
Bidegain solicitó una entrevista con Perón que no le fue concedida. Ya no tenía margen político para actuar. La ortodoxia aceleró el pedido de renuncia y reclamó “sanciones” contra el gobernador. La JP había perdido peso político para sostenerlo. Bidegain renunció y con él se fueron decenas de funcionarios y legisladores provinciales de la Tendencia Revolucionaria. La ortodoxia, tras la asunción de Calabró, quedó con el control de la provincia de Buenos Aires.
Las derrotas se sucedieron. Perón se mostraba cada vez más inflexible a los planteos de la izquierda peronista.
Por el ataque al cuartel militar, había afirmado que se debía “aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal” mediante “la lucha a que dé lugar”. Y si bien la referencia explícita era para el ERP, también era una advertencia implícita para Montoneros.
Para las sesiones extraordinarias, Perón envió al Congreso una reforma del Código Penal que establecía penas más duras contra la acción guerrillera. Más duras que las que había aplicado el dictador Agustín Lanusse, incluso. Los ocho diputados nacionales de la JP se negaron a votarla y quisieron explicarle a Perón su desacuerdo. Perón los recibió en Olivos con las cámaras de televisión encendidas. Expuso que tenían la libertad para irse del Movimiento si estaban disconformes. “Nadie está obligado a permanecer en una fracción política. El que no está contento, se va. En este sentido, nosotros no vamos a poner el menor inconveniente. Quien esté en otra tendencia diferente de la peronista, lo que debe hacer es irse”.
Y luego Perón avanzó en su discurso sobre el ERP. Mencionó el respeto a la ley en forma ambigua dejando margen para que se interpretara que podía reprimir a la guerrilla de manera ilegal.
“A la lucha, y yo soy técnico en eso, no hay nada que hacer más que imponerle y enfrentarla con la lucha. Nosotros desgraciadamente, tenemos que actuar dentro de la ley, porque si en este momento no tuviéramos que actuar dentro de la ley ya lo habríamos terminado en una semana. Nosotros estamos con las manos atadas dentro de la debilidad de nuestras leyes. Queremos seguir actuando dentro de la ley. Pero si no contamos con la ley, entonces tendremos que salirnos de la ley y sancionar en forma directa, como hacen ellos. Si nosotros no tenemos en cuenta la ley, en una semana se termina todo esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato. Si no tenemos la ley, el camino será otro. Y les aseguro que puestos a enfrentar la violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios para aplastarla, y lo haremos a cualquier precio, porque no estamos aquí de monigotes.
Y si por televisión Perón hablaba de “aniquilación”, en su mensaje directo a los militares de Azul, habló de “exterminio”:
La decisión soberana de las grandes mayorías nacionales de protagonizar una revolución en paz y el repudio unánime de la ciudadanía, harán que el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República.
Entre el “aniquilamiento cuanto antes al terrorismo criminal” y el exterminio del “reducido número de psicópatas que va quedando”, Perón anticipaba verbalmente una represión que otros ejecutarían en forma ilegal desde el Estado. A tres meses de asumir el gobierno, su intento de armar una coalición política entre sectores de ideologías y proyectos contradictorios entre sí la ortodoxia peronista y la Tendencia Revolucionaria- había fracasado.
Fragmento del libro “los 70, una historia violenta”, de Marcelo Larraquy.