jueves, 26 de marzo de 2026

El ministro de Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, lanzó duras críticas contra el accionar de algunos jueces al cuestionar los permisos otorgados a detenidos para realizar salidas, tratamientos o gestiones personales, lo que —según afirmó— genera riesgos de fuga, un uso desmedido de recursos públicos y una situación de inequidad frente al resto de la sociedad.

El funcionario expuso como caso emblemático la fuga de Fernando Darío “el Loco” Cárdenas, quien logró escaparse mientras estaba en el psicólogo, pese a contar con antecedentes de evasión. “¿Cómo puede ser que una persona detenida, con antecedentes de fuga, sea trasladada y se mande a mudar?”, cuestionó.

Según detalló, la situación no fue aislada. Indicó que apenas dos días después se autorizó una salida similar para Walter “Coma” Lefipán, a quien calificó como “experto en fugas”, y sumó también el caso de Giapietro, otro detenido considerado peligroso que debió ser trasladado con un fuerte operativo de seguridad por disposición judicial.

“Iturrioz apuntó que los jueces ‘le dicen a todos que sí’, tratándolos ‘como armas desguarnecidas cuando son delincuentes peligrosos’”.

“Los presos no pueden tener más derechos que la sociedad”

Uno de los ejes centrales del planteo del ministro fue la desigualdad que -a su criterio- se genera en el acceso a servicios. “Parecería que quien está detenido tiene más derechos que el resto de la sociedad”, sostuvo, al cuestionar que los internos accedan de manera inmediata a turnos médicos o tratamientos que los ciudadanos comunes deben esperar en el sistema público.

“El detenido pide ir al psicólogo, dice que puede pagarlo, y el juez lo autoriza sin siquiera darle intervención a la fiscalía”, explicó. En ese marco, describió el mecanismo operativo: traslados con móviles policiales, retiro de esposas y custodia externa, sin control efectivo dentro del consultorio.

Para el ministro, este esquema no solo expone riesgos de fuga, sino que implica un “dispendio pavoroso de recursos del Estado”, al demandar móviles, personal policial y logística que -según remarcó- deberían destinarse a tareas de prevención del delito.

Alternativas ignoradas y críticas al sistema

Iturrioz sostuvo que existen alternativas tecnológicas para evitar estos traslados, como las consultas virtuales. Incluso mencionó que en Chubut ya se implementaron espacios para este tipo de atención remota, lo que permitiría mantener el control sin comprometer la seguridad.

Sin embargo, cuestionó que los magistrados insistan en autorizar instancias presenciales: “Podrían hacerlo por medios telemáticos y no pasaría nada”.

Además, deslizó una mirada crítica sobre la conducta de los detenidos: “Cuando están libres nunca van al psicólogo, pero cuando están detenidos quieren hacer todas las actividades que les permitan salir”.

Domiciliarias, tobilleras y reincidencia

El ministro también apuntó contra el uso de medidas como la prisión domiciliaria y las tobilleras electrónicas. Relató el caso de un delincuente en Rawson que, pese a estar bajo arresto domiciliario, continuaba robando a sus vecinos sin que se le revocara el beneficio.

En esa línea, cuestionó decisiones judiciales que —según dijo— obligan a sostener gastos reiterados del Estado, como la reposición de dispositivos electrónicos. “A uno le daban una tobillera, la rompía y se iba. Le daban otra. No puede ser que los contribuyentes paguen eso”, afirmó.

Incluso reveló que una jueza de Comodoro Rivadavia lo denunció penalmente por negarse a entregar un nuevo dispositivo a un detenido reincidente.

“Estamos recontra mal”

El diagnóstico final del ministro fue contundente. Señaló que el sistema presenta desajustes graves en la asignación de recursos y en la priorización de los esfuerzos policiales. Como ejemplo, mencionó que mientras se buscaba a un prófugo peligroso, una brigada realizaba allanamientos por delitos menores para sostener medidas judiciales.

“Estamos mal, estamos recontra mal”, concluyó, al advertir que la actual dinámica no solo compromete la seguridad, sino que también debilita la confianza en el sistema judicial.

 

Nota elaborada en base a declaraciones el programa Redacción 20 de LU20

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