El diputado nacional José Glinski planteó la necesidad de retomar el debate sobre la minería en Chubut con mayor profundidad y seriedad, dejando atrás las posiciones enfrentadas que, según advirtió, han impedido avanzar en definiciones concretas para la provincia.
“El debate vuelve siempre al mismo eje: autorizar o no la actividad, zonificar o no. Pero hemos fracasado en dar discusiones serias”, sostuvo el legislador, al cuestionar la falta de diálogo entre sectores que sostienen posturas unilaterales.
Glinski fue enfático en que la discusión no puede limitarse a un “sí o no” a la minería, sino que debe centrarse en establecer condiciones precisas. En ese sentido, reclamó avanzar en una discusión de fondo sobre qué beneficios concretos obtendría Chubut en caso de habilitar la actividad.
“Empecemos a discutir el tema minero de verdad”, planteó, y agregó que la provincia debe definir “cuáles son las pretensiones de los chubutenses” frente a la posibilidad de explotar recursos naturales como el uranio y la plata.
Para el diputado, uno de los puntos clave es exigir a las empresas compromisos claros en materia de empleo, regalías, obras y desarrollo local. “No es solo que no dañen el ambiente, sino cuánto le queda a cada ciudad, cuánto trabajo generan, qué obras van a hacer”, remarcó.
Valor agregado y distribución de la renta
En esa línea, cuestionó los modelos extractivos que no contemplan valor agregado en origen. Relató incluso conversaciones con actores del sector minero a quienes les advirtió que, sin ese componente, será difícil generar confianza social.
“Hasta que no hablen de valor agregado, la gente no les va a creer”, señaló, y vinculó esa desconfianza con experiencias previas que no lograron traducirse en mejoras concretas para las comunidades.
Además, marcó una diferencia conceptual respecto del destino de la renta minera. Rechazó la lógica del “derrame” y planteó que el Estado debe exigir una distribución directa de los beneficios: “De lo que ganás como empresario, cuánto vas a repartirle a nuestra gente”.
Desconfianza y licencia social
El legislador también abordó el concepto de “licencia social”, al que consideró difuso si no se establecen mecanismos claros para medirlo. Incluso deslizó que podría evaluarse una consulta popular, aunque insistió en que el problema de fondo no es metodológico sino político.
“Hay mucha gente que no está en contra de la minería en sí, sino que no confía en los políticos ni en las empresas”, explicó, y recordó que el intento anterior de avanzar con una ley minera en la provincia se realizó “de espaldas a la gente”, lo que terminó profundizando el rechazo social.
En ese marco, vinculó la falta de credibilidad con antecedentes recientes en el manejo de recursos naturales, como la salida de YPF de Comodoro Rivadavia y los pasivos ambientales no resueltos.
Finalmente, diferenció entre los sectores que mantienen una oposición cerrada a la minería y una mayoría social que, sin definirse abiertamente, expresa dudas vinculadas a la falta de garantías.
Para el diputado, el desafío central es reconstruir la confianza y establecer reglas claras que aseguren beneficios concretos para la provincia. Solo a partir de ese punto –concluyó- será posible dar un debate minero serio en Chubut.
Nota elaborada en base a declaraciones a Radio Sur de Comodoro Rivadavia