La dura presentación que el Comité Departamental Rawson de la Unión Cívica Radical realizó contra la designación del ex intendente Luis De Hernández como asesor legislativo terminó generando un efecto inesperado para sus propios impulsores.
Luego de que la conducción radical enviara una nota al presidente de la UCR Chubut y vicegobernador Gustavo Menna cuestionando la incorporación de De Hernández al bloque Despierta Chubut, el presidente del Comité Rawson, Eduardo Varela, reconoció públicamente que desconocía un dato central de la causa judicial utilizada como principal fundamento de la presentación: que la condena dictada en primera instancia había sido revocada por la Cámara en lo Penal de Trelew.
Durante una entrevista radial al programa Redacción 20 de LU20, Varela defendió inicialmente el planteo realizado por el radicalismo, sosteniendo que existía una contradicción entre la defensa de la ley de Ficha Limpia y la designación de De Hernández. Sin embargo, cuando se le recordó que la Cámara Penal había revocado la condena de primera instancia mediante la Sentencia N.º 01/2011 del 12 de enero de 2011 y había dispuesto el sobreseimiento tanto de Luis De Hernández como de Magín Ventura, admitió desconocer esa resolución.
“Ese informe yo no lo tengo sinceramente”, respondió el dirigente radical cuando se le mencionó el fallo de Cámara.
La situación se volvió aún más incómoda para la conducción partidaria cuando el periodista le señaló que si la Cámara había revocado la condena, el fundamento central del cuestionamiento quedaba sin efecto. Lejos de sostener su posición inicial, Varela reconoció la posibilidad de haber cometido un error.
“Puede ser, puede ser, puede ser. Y si es así lo vamos a rectificar”, afirmó.
Las declaraciones de Eduardo Varela terminaron por dejar al descubierto la fragilidad del planteo impulsado por la UCR Rawson. Al reconocer que desconocía la existencia del fallo de la Cámara Penal que revocó la condena y dispuso el sobreseimiento de Luis De Hernández, quedó demostrado que el documento fue elaborado de forma maliciosa, sin verificar adecuadamente los antecedentes judiciales del caso y sin fundamentos sólidos que respaldaran las acusaciones formuladas. Lejos de constituir una defensa seria de principios institucionales, la presentación terminó exhibiendo un claro intento de desacreditar públicamente al ex intendente mediante la difusión de información incompleta y errónea, generando un cuestionamiento cuya base jurídica resultó inexistente.