Hace veinte años que las comunidades rurales del pueblo Qom de Chaco denuncian afecciones a la salud y daños sobre cultivos provocados por fumigaciones.
Es una contienda dispareja: de un lado, familias indígenas de una de las zonas más pobres de Argentina. Del otro, uno de los empresarios más ricos e influyentes del país. Después de veinte años de reclamos y denuncias, un tribunal condenó a las firmas Unitec Bio —de la corporación del magnate Eduardo Eurnekian— y la arrendataria Marfra S.A. por las fumigaciones realizadas en el establecimiento Don Panos, un gigante de 50.000 hectáreas dedicado a la agricultura, la ganadería y la producción de biocombustibles, ubicado entre Pampa del Indio y Presidencia Roca, en Chaco.
“Esta situación afecta directamente a las comunidades rurales, integradas mayoritariamente por población perteneciente a la etnia Qom, de Campo Medina, Campo Nuevo y Colonia San Francisco”, señala la sentencia. El documento destaca que desde al menos 2006 vienen denunciando ante organismos policiales, fiscales, legislativos y administrativos las fumigaciones y sus consecuencias sobre la salud, los cultivos, los animales y las fuentes de agua.
Pampa del Indio está ubicada al noroeste del Departamento Libertador General San Martín, a unos 220 kilómetros de Resistencia, donde el río Bermejo marca el límite con Formosa. Históricamente, los grupos indígenas de la zona se dedicaban a la caza y la recolección. Tras la llegada de colonos, algunas familias recibieron pequeñas parcelas para producir algodón y cultivos de subsistencia. Desde los años 70, la Revolución Verde transformó el modelo agrícola argentino mediante semillas híbridas, mecanización y agroquímicos, aunque la gran ruptura llegó en 1996 con el desembarco de la biotecnología y la soja transgénica.
Impulsado por el nuevo paradigma productivo, Don Panos desmontó grandes extensiones para sembrar principalmente soja y algodón, en medio de denuncias por incumplimientos ambientales, como la quema de material forestal y el uso de agroquímicos sin medidas de seguridad. En 2006, activistas de Greenpeace ingresaron al establecimiento y desplegaron un cartel kilométrico con la advertencia: “Eurnekian: matar al bosque no es negocio”. La organización ya había acusado al empresario, en el informe “Desmontes S.A.”, de arrasar 4.000 hectáreas.
EL PAÍS intentó obtener una declaración de los directivos de Don Panos y del propio Eurnekian sobre la decisión judicial y las denuncias, pero no obtuvo respuesta. La abogada Nora Rey, representante de Unitec Bio, confirmó que presentaron un recurso extraordinario por sentencia arbitraria. Si la Cámara lo considera admisible, será tratado por el Superior Tribunal de Justicia provincial.
Alejandra Gómez, abogada de los damnificados y fundadora de la Red Popular Doctor Ramón Carrillo, organización sanitaria que asesora a pueblos fumigados y comunidades originarias, lamenta que se hiciera “oídos sordos” durante tanto tiempo a las denuncias Qom. Recuerda que existen fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el de 2007, que obligó al Estado Nacional y a Chaco a brindar asistencia humanitaria, alimentos y agua potable a las comunidades indígenas de la región.
El reciente fallo también evidenció la responsabilidad provincial al determinar que la “línea agronómica”, que delimita las zonas de exclusión, fue diseñada sin contemplar las viviendas rurales ni las fuentes de agua utilizadas por las comunidades, generando “un esquema de protección insuficiente y discriminatorio”.
Para Rosalba Peñaloza, hija de Mariano Peñaloza, el primero en alzar la voz de las comunidades Qom de Pampa del Indio contra las fumigaciones en Don Panos, recordar es doloroso. “Todo lo que había en nuestra casita se nos iba muriendo: chivos, gallinas, patos, todo perdimos. Mi papá lloraba y le pedía a Dios que llegara el día en que dejaran de tirarnos venenos”.
En bicicleta, Mariano visitaba a otras familias afectadas para recolectar testimonios y pruebas. Luego iba hasta la comisaría local para denunciar lo ocurrido, ya que era el único que hablaba el idioma de los criollos. Ante el desinterés policial, recorrió distintos despachos estatales hasta que, en 2011, logró exponer el caso en la Legislatura provincial. “Quiero que nos escuchen. Se enferman nuestros hijos, les agarra diarrea, manchas en la cara, y hay médicos que vienen y dicen ‘les pasa esto’, pero nunca dicen que se enferman de venenos”.
Raúl Horacio Lucero, jefe del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), relata una experiencia que comenzó mucho antes. “El primer caso que atendí fue en el año 93. Una señora entró con su hijita de veinte días de nacida en brazos. Cuando le sacó la manta, la bebé no tenía brazos, eran esbozos de brazos, y la pierna derecha era mucho más corta. Fue estremecedor”.
Al laboratorio de Lucero llegaban niños con malformaciones congénitas derivados de hospitales de la zona. Al entrevistar a sus familias, aparecía un patrón: las embarazadas habían trabajado en el campo durante las pulverizaciones.
“Descubrimos que la gente con registros más altos de venenos en sangre y orina tenía mayor riesgo de genotoxicidad; incluso, encontramos restos de glifosato en personas que vivían en la ciudad. Llegamos a la conclusión de que esos tóxicos no se eliminaban; ingresaban a los cuerpos a través de los alimentos y el agua”, recuerda Lucero, estudioso del daño genético conocido como “aberraciones cromosómicas” en pueblos fumigados del interior chaqueño.
“Ahora no nos fumigan”, dice Rosalba. Pero el recuerdo vuelve a quebrarla: “Papá murió hace cinco años, él estaba enfermo, tenía dolor de estómago, vómitos. En mi conciencia sé que mi papá murió por el veneno”.
Fuente: El País