El gobierno británico confirmó que las futuras licencias para explorar y explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas deberán contar con la autorización del secretario de estado de asuntos exteriores. La medida se conoce mientras Argentina avanza con acciones contra las empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion.
Londres tendrá la última instancia de aprobación
La definición fue comunicada por el gobierno del Reino Unido ante el parlamento británico y quedó formalizada en una respuesta parlamentaria del 1° de octubre.
Stewart Wood, subsecretario parlamentario de estado, explicó ante la Cámara de los Lores que el gobierno de las islas mantiene sus competencias regulatorias y ambientales sobre los proyectos de hidrocarburos. Sin embargo, las nuevas licencias deberán contar además con el consentimiento del secretario de estado británico.
La misma postura había sido comunicada semanas antes ante la Cámara de los Comunes. Según la respuesta oficial, el funcionario deberá evaluar cada autorización de acuerdo con la legislación vigente en las islas.
Londres también aclaró que el régimen de concesiones de petróleo y gas utilizado en el Reino Unido no se aplica directamente en las Malvinas.
La posición británica sobre los recursos de las islas
La decisión se produce en medio de la disputa de soberanía que mantienen Argentina y el Reino Unido por el archipiélago y sus recursos naturales.
En su respuesta parlamentaria, Wood reiteró la posición histórica de Londres respecto del desarrollo de los hidrocarburos en las islas. El gobierno británico sostiene que los habitantes del archipiélago tienen derecho a desarrollar sus recursos en el marco del principio de autodeterminación.
Argentina rechaza ese argumento y sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
La respuesta del gobierno británico no precisó si el secretario de estado intervino en las autorizaciones que ya fueron otorgadas para el proyecto Sea Lion. Tampoco hizo referencia a permisos particulares.
Argentina profundiza las acciones contra Sea Lion
La definición británica se conoció mientras el gobierno argentino avanza con medidas contra las empresas vinculadas al desarrollo petrolero en las aguas próximas a las Malvinas.
El ejecutivo argentino anunció nuevas acciones contra el proyecto Sea Lion y posteriormente informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.
Además, el juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, dictó una medida cautelar para que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar determinadas actividades vinculadas al proyecto mientras se tramita una acción preventiva.
La medida judicial está relacionada con un planteo por un eventual daño ambiental y por la afectación de los derechos que Argentina reivindica sobre el territorio y sus recursos.
Qué es el proyecto Sea Lion
Sea Lion es uno de los principales proyectos petroleros ubicados en las proximidades de las Islas Malvinas. El emprendimiento es operado por Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35% restante.
Las compañías avanzaron con la decisión final de inversión para la primera etapa del desarrollo y proyectan obtener el primer petróleo en marzo de 2028.
El yacimiento está ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte del archipiélago y utiliza licencias otorgadas con anterioridad.
Por ese motivo, la nueva definición del gobierno británico establece un requisito para las futuras licencias, pero no determina qué intervención tuvo el secretario de estado de asuntos exteriores en los permisos previamente concedidos para Sea Lion.
Un nuevo punto de tensión entre Argentina y Reino Unido
La decisión británica agrega un nuevo elemento a la disputa en torno a la explotación de los recursos naturales de las Malvinas. Mientras Londres sostiene la administración de las islas y respalda el desarrollo de sus recursos, Argentina mantiene su reclamo de soberanía y cuestiona las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina.
En este contexto, el futuro de los proyectos petroleros en la zona continuará vinculado tanto a las decisiones de las autoridades de las islas y del gobierno británico como a las medidas judiciales y administrativas impulsadas por Argentina.