viernes, 20 de noviembre de 2026

Las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien calificó a los empresarios pesqueros de “casta naviera pesquera” y aseguró que mantienen una deuda con la sociedad argentina, provocaron un fuerte rechazo de las principales cámaras empresariales de la actividad y de referentes de la industria naval. Los dirigentes cuestionaron el desconocimiento del funcionario sobre el funcionamiento del sector, defendieron el aporte económico de la pesca y advirtieron sobre las consecuencias que tendría una modificación del sistema de adjudicación de los derechos de captura.

El presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, rechazó las acusaciones del funcionario y recordó que la actividad aporta más de 120 millones de dólares en concepto de retenciones y derechos de extracción. Además, destacó que el sector genera más de 2.000 millones de dólares anuales en exportaciones y sostiene “más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos”.

Por su parte, Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), defendió el sistema de administración de los recursos establecido por la Ley Federal de Pesca y cuestionó las expresiones del ministro. “Venir a cuestionar la legislación pesquera parece fuerte y de desconocimiento total”, sostuvo. El empresario advirtió que poner en discusión una industria que genera más de 2.000 millones de dólares anuales en divisas y sostiene miles de puestos de trabajo en las ciudades portuarias argentinas “es jugar con fuego”.

 “Es un disparate”

El empresario naval Domingo Contessi también salió al cruce del ministro y cuestionó la viabilidad de licitar las cuotas de captura existentes. Advirtió que las empresas que perdieran sus derechos de pesca quedarían con embarcaciones, trabajadores y plantas de procesamiento sin actividad. Además, recordó que el propio Gobierno nacional otorgó este año 18 nuevos permisos para la captura de calamar sin recurrir a una licitación.

Contessi aseguró que la carga tributaria de la actividad supera el 40% y sostuvo que resulta inadmisible afirmar que la pesca paga pocos impuestos. “Es un disparate”, sentenció.

Las cámaras advierten sobre el riesgo para el empleo

La Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura difundió un comunicado en el que destacó que la actividad generó 2.010 millones de dólares en divisas durante 2025 y aportó $52.835 millones al Fondo Nacional Pesquero en lo que va de 2026. La entidad advirtió que una reforma que desconozca los costos operativos, las inversiones realizadas y el trabajo en las plantas de procesamiento podría poner en riesgo miles de puestos laborales y comprometer la actividad de los puertos argentinos.

En el mismo sentido, la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UdIPA) consideró que Sturzenegger sobrepasó los límites del respeto al descalificar a una industria construida durante más de un siglo. “La industria pesquera no vive del Estado”, sostuvo la entidad, que invitó al ministro a conocer el funcionamiento del sector y discutir alternativas para incrementar el valor agregado de las exportaciones.

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