El secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, llegó al cargo por ser el abogado del SUPA, un gremio que representa a los trabajadores del puerto, quienes creyeron que teniendo a uno de los suyos al frente de la máxima autoridad de las políticas pesqueras verían mejoras en sus condiciones laborales y derechos.
Un hombre que viene de la lucha sindical, que conoce de primera mano la problemática y las necesidades de los trabajadores, parecía ser el indicado para manejar la Secretaría de Pesca. Sin embargo, al poco tiempo de asumir el cargo Aguilar olvidó sus orígenes y se paró decididamente del otro lado del mostrador de los trabajadores.
Hace solo unos días, el 5 de julio pasado, el secretario convocó a una reunión al personal de Control de Acceso al muelle nuevo y al John Murray Thomas, quienes venían solicitando mejoras en las condiciones laborales y en sus salarios, ya que son trabajadores con contratos que no garantizan estabilidad laboral y cobran $105.000 por mes.
La reunión se realizó en la Secretaría de Pesca, allí Aguilar, acompañado por la directora de Puertos de Explotación Directa, Celia Andrade, les comunicó a los trabajadores de muy mala manera que no quería firmarles la renovación de los contratos (se hace cada 6 meses), que lo estaba analizando porque a su entender “no me están cuidando bien el pescado, se les escapa por todos lados, es más fácil contratar a una empresa de seguridad o darle adicionales a la Prefectura Naval”. El funcionario les adelantó que en caso de renovarles los contratos, no les otorgaría el aumento solicitado porque lo “persigue el Tribunal de Cuentas” (¿?)
“La reunión fue para descalificarnos, y amenazarnos con el laburo, nos dijo que la ley no nos permite reclamar sobre nuestros derechos y nos contó de su carrera de abogado. Nos trató de inútiles”, confesó un trabajador que participó de la reunión.